La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la orden del juez Juan Carlos Peinado para recopilar todos los correos electrónicos de Begoña Gómez desde 2018 hasta 2025. Los magistrados consideran que la medida carece de justificación adecuada y viola principios de proporcionalidad y necesidad. Sin embargo, el tribunal mantiene la imputación por malversación contra Gómez y su asistente.
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez, anulando la providencia dictada por el juez Juan Carlos Peinado el 3 de septiembre de 2025. Esta orden solicitaba los correos enviados y recibidos por Gómez desde su cuenta institucional en Moncloa, entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025, que fueron remitidos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 2 de noviembre.
En un auto del 9 de diciembre, los tres magistrados argumentan que la resolución de Peinado, al usar la forma de providencia, no menciona los requisitos exigidos por la ley, como la gravedad del delito, los indicios y la necesidad de la medida. “La citada resolución, por utilizar la forma de providencia, no hace mención a ninguno de los requisitos exigidos, lo que viene a dar la razón a los recurrentes, que resulta una medida carente de la justificación necesaria, incumpliendo los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad”, indica el auto.
Los jueces comparan la aprehensión de correos con intervenciones telefónicas, enfatizando que el juez debe realizar sus propias deducciones basadas en datos objetivos, no delegar en la policía. La medida afecta derechos fundamentales y debe superar pruebas de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.
No obstante, la Audiencia avala la imputación por malversación de caudales públicos contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y su asistente Cristina Álvarez. El juez investiga si Álvarez, descrita como “amiga íntima” más que funcionario experto, desvió funciones para ayudar a Gómez en su trabajo en la Universidad Complutense de Madrid. También se examina la posible influencia de Gómez en empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, por delitos como corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, intrusismo y apropiación indebida. Peinado propone que el caso, si llega a juicio, sea juzgado por un jurado popular.
