El exministro José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que su juicio por la trama de mascarillas se realice ante un jurado popular en lugar de magistrados. Su defensa argumenta que los delitos principales de cohecho, tráfico de influencias y malversación corresponden a este tipo de procedimiento. El Supremo abrió juicio oral contra él el pasado 11 de diciembre.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, busca que su caso por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19 sea juzgado por un jurado popular. En un escrito presentado al Tribunal Supremo, su abogado sostiene que los delitos clave —cohecho, tráfico de influencias y malversación— son competencia de jurados formados por ciudadanos elegidos por sorteo, según la ley orgánica del jurado.
El letrado explica que estos delitos principales "arrastran" a otros como organización criminal y uso de información privilegiada, citando dos acuerdos del Supremo de 2010. Según estos, la competencia del jurado se extiende si tales crímenes se cometen para perpetrar los principales. En este caso, la organización criminal se desarrolló para cometer malversación, cohecho y tráfico de influencias, por lo que queda absorbida. El uso de información privilegiada está tan imbricado que separarlo quebrantaría la unidad del proceso.
El instructor Leopoldo Puente abrió juicio oral el 11 de diciembre contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. La defensa pide revocar esta decisión y activar un procedimiento con jurado.
Aunque Ábalos es aforado, lo que lleva el caso al Supremo, su abogado defiende que el aforamiento cambia el órgano pero no el procedimiento. La ley permite jurados en tribunales de aforados como el Supremo, aclarando que se aplica en sedes como Audiencias Provinciales o el alto tribunal. "El aforamiento modifica el órgano judicial ordinariamente, pero no el procedimiento", afirma el escrito.