El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió por mayoría a ocho acusados en el caso SQM, incluyendo al exsenador Pablo Longueira y al candidato Marco Enríquez-Ominami, criticando la extensión del proceso y la calidad de las pruebas de la Fiscalía. El veredicto destaca una violación al derecho a ser juzgado en plazo razonable tras 11 años de investigación y un juicio de tres años. La sentencia se entregará en agosto de 2026, dejando abierta la posibilidad de un recurso de nulidad.
El caso SQM, que investiga financiamiento ilegal de campañas políticas mediante boletas falsas, comenzó en 2014 con indagaciones iniciales y allanamientos en 2015 bajo el fiscal Sabas Chahuán. En marzo de 2015, un equipo especial avanzaba, pero el fiscal nacional Jorge Abbott dividió las investigaciones, lo que, según el exfiscal Emiliano Arias, causó contradicciones y daños irreparables. La acusación se presentó en la era Abbott, y el juicio oral inició en febrero de 2023, extendiéndose por 560 jornadas y casi tres años.
El tribunal, con votos de las magistradas María Teresa Barrientos y Claudia Santos contra el disidente de Carolina Paredes, absolvió a los acusados por cohecho, soborno e ilícitos tributarios. Se reprochó a la Fiscalía de Valparaíso, liderada por Claudia Perivancich, la presentación de 14 mil documentos repetidos y pruebas de baja calidad, como testigos de oídas. "Existe una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable", indicaron las juezas, señalando que 13 testigos fallecieron durante el proceso.
Arias calificó la absolución como "una de las resoluciones más graves e impactantes que ha tenido la Fiscalía", urgiendo un recurso de nulidad pese a la congruencia defectuosa en la acusación. Expertos como Mauricio Duce y Matías Balmaceda cuestionaron el plazo máximo de 10 meses para la sentencia, hasta el 5 de agosto de 2026, contradictorio con las críticas a la dilación. La fiscal Perivancich lamentó el resultado pero evaluará apelar, reconociendo altos costos para un nuevo juicio.
Evelyn Matthei, candidata presidencial, lo llamó "una vergüenza", destacando 12 años sin resultados y falta de confianza en la justicia. El caso, paradigmático del sistema procesal penal, exige revisar acusaciones indefinidas para garantizar plazos razonables.