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Tense clash between South Korean justice ministry and prosecution officials over corruption case appeal linked to President Lee Jae-myung, with resignation offers and demands.
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Ministerio de Justicia y fiscalía chocan por presión en apelación de corrupción ligada a Lee

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La controversia entre el Ministerio de Justicia de Corea del Sur y la fiscalía se intensificó el 12 de noviembre sobre presuntas presiones para no apelar un caso de corrupción vinculado al presidente Lee Jae-myung. La decisión de no apelar el escándalo inmobiliario de alto perfil de la época de Lee como alcalde de Seongnam ha generado resistencia interna y sospechas de influencia indebida. El jefe de la fiscalía del Distrito Central de Seúl ofreció su renuncia, mientras que la oposición exige la dimisión del ministro de Justicia.

A female prosecutor in Japan has called for a third-party committee to investigate harassment among prosecution staff nationwide after alleging sexual assault by a senior colleague. She submitted a written request to the Justice Ministry on Monday and stated she would resign if the requested measures are not implemented by the end of March.

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Una mujer es acusada de maltrato animal grave después de que se decomisaran 41 perros en el condado de Östergötland en 2024. Los perros vivían en condiciones deplorables en una casa cubierta de heces, sin calefacción y compitiendo por la comida. La mujer niega los cargos.

La capacidad de Corea del Sur para investigar delitos graves se está debilitando drásticamente antes del desmantelamiento de la oficina de fiscales. Con fiscales enviados a equipos de consejeros especiales y otros renunciando, las divisiones clave han visto reducido su personal a la mitad, y las oficinas regionales han perdido alrededor de un tercio de su personal dedicado. A pesar de que el proyecto de ley de reforma del Partido Demócrata ha sido aprobado, los detalles sin resolver ya están causando brechas en las investigaciones.

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El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió por mayoría a ocho acusados en el caso SQM, incluyendo al exsenador Pablo Longueira y al candidato Marco Enríquez-Ominami, criticando la extensión del proceso y la calidad de las pruebas de la Fiscalía. El veredicto destaca una violación al derecho a ser juzgado en plazo razonable tras 11 años de investigación y un juicio de tres años. La sentencia se entregará en agosto de 2026, dejando abierta la posibilidad de un recurso de nulidad.

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