El juez de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad provisional a Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso, investigados por presunto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones. La UCO atribuye al trío el uso de influencia para obtener ayudas y adjudicaciones por valor de más de 132 millones de euros entre 2021 y 2023. Los tres se acogen a medidas cautelares mientras la causa permanece bajo secreto.
Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre 2018 y 2019, Leire Díez, considerada fontanera del PSOE, y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, fueron detenidos esta semana en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional los dejó en libertad provisional el 13 de diciembre de 2025, imponiendo comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España, como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación, bajo secreto de sumario, apunta a que el grupo, que se comunicaba por un chat de WhatsApp llamado 'Hirurok' (los tres en euskera), utilizó su influencia para amaños en al menos cinco contratos y ayudas públicas por 132,9 millones de euros. El caso principal es el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos con un préstamo participativo de 112,8 millones en 2021, justificado por la crisis pandémica y su carácter estratégico, similar al de Plus Ultra (53 millones). A cambio, habrían cobrado 114.950 euros canalizados a través de la sociedad instrumental Mediaciones Martínez SL.
Otros contratos incluyen uno ficticio de Mercasa a Servinabar (empresa de Alonso y Cerdán) por 18.119,75 euros para un informe sobre rehabilitación de oficinas; 17.545 euros de Enusa, donde Díez trabajó; 2,8 millones del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) con una comisión de 400.000 euros; y 17,3 millones de Sepides. También se indagan ayudas al Grupo Forestalia y contratos en Correos. Las comisiones totales ascienden a 266.000 euros para Alonso, invertidos en propiedades en Marbella y Jaca, y una reforma de su vivienda.
Fernández, de confianza de María Jesús Montero y cesado por el caso Aznalcóllar (del que fue absuelto recientemente), negó irregularidades y afirmó cobrar 5.000 euros mensuales de Servinabar por servicios. Díez y Alonso se acogieron al derecho a no declarar, alegando falta de acceso a la causa. Tubos Reunidos admitió un contrato de asesoramiento con Fernández por cantidades estándar, pero negó relación con Díez o Alonso, y entregó documentación al juzgado. Se esperan más imputados y operaciones.
