El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha presentado su defensa ante el Tribunal Supremo, negando rotundamente su implicación en la trama de corrupción por contratos de mascarillas durante la pandemia. Reclama la absolución y contradice la versión del empresario Víctor de Aldama, quien ha admitido los delitos. García critica además la auditoría del Ministerio de Transportes actual y denuncia irregularidades procesales.
Koldo García, en prisión provisional desde noviembre, ha entregado un escrito de 132 páginas al Tribunal Supremo en el que rechaza de forma 'rotunda y en profundidad' el relato de la Fiscalía Anticorrupción, que le pide 19 años y medio de cárcel por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. La defensa, a cargo de Leticia de la Hoz, sostiene que García actuó como 'facilitador logístico' en una situación de emergencia sanitaria, sin capacidad para alterar decisiones de contratación ni recibir comisiones ilegales. Sus ingresos, afirma, tienen origen lícito y trazable.
García carga contra Víctor de Aldama, a quien califica de 'ornitorrinco procesal' por actuar como acusador pese a ser imputado. Aldama, que ha confesado los delitos y busca una rebaja de pena por colaboración, alega haber repartido el 50% de las comisiones con Ábalos y García. La defensa de este último tacha estas acusaciones de 'fabulación especulativa' sin pruebas, vulnerando la presunción de inocencia, y pide que Aldama declare primero como testigo bajo contradicción.
Entre las irregularidades denunciadas figura la falta de acceso a los dispositivos telefónicos de García, incautados por la UCO de la Guardia Civil, lo que impide contextualizar mensajes usados en su contra. También critica la auditoría encargada por el actual ministro Óscar Puente, que señaló irregularidades en los contratos de emergencia, como 'encargo ad hoc' con orientación incriminatoria. Este informe, sostiene, contradice al del Tribunal de Cuentas, que validó la tramitación de urgencia, y ocultó datos clave sobre necesidades de mascarillas.
La defensa reclama como testigos a Salvador Illa, Fernando Grande-Marlaska, Francina Armengol e Isabel Pardo de Vera. Además, alega que hechos como el rescate de Air Europa o la contratación de Jessica Rodríguez no estaban en el suplicatorio original del Congreso, lo que requeriría nueva autorización parlamentaria para evitar nulidades.
