El Ministerio Público presentó una acusación formal contra la ex candidata a gobernadora Karina Oliva y otras 10 personas por fraude en subvenciones durante la campaña electoral de 2021 en la Región Metropolitana. La Fiscalía solicita siete años de cárcel para Oliva por declarar servicios no prestados para obtener devoluciones indebidas del Servel. El caso involucra a miembros del expartido Comunes y la Fundación Chile Movilizado.
Poco más de cuatro años después de las elecciones de gobernadores de 2021, la Fiscalía Metropolitana Sur ha concluido su investigación sobre presuntos delitos de corrupción en la campaña de Karina Oliva, ex militante de Comunes, quien compitió contra el actual gobernador Claudio Orrego.
El fiscal Alex Cortés presentó un escrito de 197 páginas ante el Séptimo Juzgado de Garantía, acusando a Oliva y a 10 personas más de fraude de subvenciones bajo la ley de financiamiento electoral. Según la acusación, durante la campaña, el equipo de Oliva, incluyendo al administrador electoral Martín Miranda, el expresidente de Comunes Jorge Ramírez y la secretaria ejecutiva Camila Ríos, coordinó maniobras para inflar gastos electorales. Emitieron boletas y facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados o montos exagerados, junto con informes plagiados de la Fundación Chile Movilizado, dirigida por David Castillo, Juan Pablo Sanhueza y Miranda como tesorero.
En la primera vuelta, esto generó una devolución indebida de $163 millones del Servel, transferidos a la fundación y retirados por Castillo y Miranda. En la segunda vuelta, el perjuicio fiscal ascendió a $54 millones en boletas de honorarios y $100 millones en facturas abultadas tras conocer los votos obtenidos. Además, se acusa un fraude similar en una campaña interna de Comunes por $86 millones, incluyendo un gasto no pagado a Ibero Americana Radio Chile.
La Fiscalía pide siete años de presidio para Oliva, Miranda, Ramírez y Ríos; cinco años para Sanhueza, José Robredo, Castillo y Marcelo Riffo; y tres años para Jean Flores, Luis Romero y Ailine Ramírez. Miranda enfrenta cargos adicionales por violaciones a la ley de gasto electoral. Para el juicio, se ofrecen 106 testigos, siete peritos, 1.270 documentos y más de 260 pruebas.
Este caso destaca vulnerabilidades en el financiamiento electoral, donde los imputados tenían 30 días hábiles post-elección para declarar gastos y solicitar devoluciones basadas en votos recibidos.
