El ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue defendió su rol en fallos relacionados con la trama bielorrusa, mientras la fiscal judicial suspendió al conservador Sergio Yáber por su presunta vinculación. Además, el diputado Cristián Araya enfrenta acusaciones de recibir pagos, impactando la campaña de José Antonio Kast. Estos eventos destacan irregularidades en un litigio entre el Consorcio Belaz Movitec y Codelco.
La llamada trama bielorrusa, que investiga la Fiscalía de Los Lagos por presuntas coimas en un litigio entre el Consorcio Belaz Movitec (CBM) y Codelco, ha generado nuevos avances. En julio de 2023, la Corte Suprema ordenó a Codelco devolver maquinarias y más de $11 mil millones retenidos por el proyecto Rajo Inca en la División El Salvador. Según el Ministerio Público, los abogados de CBM, Eduardo Lagos y Mario Vargas, pagaron cerca de $70 millones a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, para asegurar el fallo favorable.
El ministro Diego Simpertigue, quien participó en dos votaciones relacionadas (una 5-0 en septiembre de 2023 y otra 4-1 en marzo de 2022), divulgó aclaraciones sobre seis puntos cuestionados. Argumentó que no conocía a los abogados de las partes, por lo que no tuvo inhabilidades, y que sus viajes con Lagos en 2023 y 2024 fueron organizados por sus esposas, amigas entre sí. Respecto a su yerno César Maturana, quien ha integrado 19 ternas para cargos notariales sin ser nombrado, Simpertigue negó influencias. En el caso Fundamenta, votó en contra de la demandante. Finalmente, enfatizó que el presidente de la Corte asigna los integrantes de las salas.
En paralelo, la fiscal judicial Carla Troncoso de la Corte de Apelaciones de San Miguel suspendió provisionalmente al conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, en una sumaria administrativa iniciada el 10 de noviembre por la ministra María Catalina González, ante hechos graves reportados en prensa. La medida, apelable ante el Pleno, se basa en antecedentes de la investigación, incluyendo allanamientos y depósitos desde sociedades ligadas a Yáber hacia Migueles, por un total de $45 millones supuestamente distribuidos. Una interceptación telefónica reveló que Yáber pagó $1,7 millones al diputado republicano Cristián Araya para obtener información contra acusaciones a un exministro.
Esta vinculación ha abierto un flanco en la campaña de José Antonio Kast para el balotaje del 14 de diciembre contra Jeannette Jara. Desde el miércoles, el comando de Kast ha respondido al menos cuatro veces, con el candidato afirmando en Arica: “aquí no hacemos defensas corporativas” y calificándolo de “difamaciones”. Araya, hermano de la jefa de gabinete de Kast, Carolina Araya, niega involucramiento y se ofrece para investigaciones. Voceros como Arturo Squella y Ruth Hurtado insisten en la falta de antecedentes sólidos, pero advierten posibles sanciones internas si surgen más pruebas. El caso podría complicar la agenda republicana, similar a polémicas previas como el de bots en la primera vuelta.
