El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, impulsó la creación de seis cargos en el Poder Judicial y designó a nueve funcionarios clave en una semana. La Legislatura sancionó la ley que establece la Procuración Penitenciaria y envió pliegos para Bettina Croppi y sus adjuntos. Estas movidas generan un fuerte choque entre el PJ y la oposición por el presunto control judicial de Llaryora.
En un lapso de una semana, el intendente Martín Llaryora impulsó cambios significativos en la cumbre del Poder Judicial de Córdoba. La Legislatura provincial sancionó la ley que crea la Procuración Penitenciaria y envió los pliegos de Bettina Croppi como procuradora, junto a sus tres adjuntos: María Florencia Degano, Iván Rodríguez y Guadalupe Trillo Pellizari. Néstor Gómez, propuesto como nuevo fiscal general adjunto, emerge como figura clave para entender estos ajustes.
Estas designaciones, que incluyen seis cargos nuevos y nueve funcionarios en total, han desatado un intenso enfrentamiento político. El PJ y la oposición protagonizan un cierre de año polémico en el recinto legislativo, con acusaciones de avance sobre la Justicia y un interbloque opositor tensionado. Siete pliegos judiciales concentran la controversia, centrada en el supuesto control que Llaryora ejerce sobre el poder judicial.
Bettina Croppi, con un rol destacado en la última visita del Comité Nacional contra la Tortura y representando al Ministerio Público Fiscal en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justifica su aceptación del cargo por su experiencia en derechos humanos. Estas movidas reflejan tensiones en el equilibrio de poderes en Córdoba, sin resolverse aún las críticas opositoras.
