El Tribunal de Cuentas de Córdoba suspendió una licitación millonaria para adquirir drones de seguridad para la policía provincial, generando un cruce político entre el oficialismo y la oposición. La medida pone énfasis en la necesidad de mayor transparencia en el proceso de compra, que incluía aeronaves con software de reconocimiento facial y de patentes. El gobernador Martín Llaryora acusó de obstrucción política, mientras que el senador Luis Juez denunció irregularidades y corrupción.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba ha frenado una licitación para la compra de drones destinados a la Policía, valorada en varios millones de pesos. Según detalles accedidos por Perfil Córdoba, la adquisición incluía aeronaves no tripuladas de largo y corto alcance, junto con software para reconocimiento facial y de patentes vehiculares. Esta pausa se debe a preocupaciones sobre la transparencia en el proceso de contratación.
El rechazo ha detonado un fuerte enfrentamiento político. El oficialismo, liderado por el gobernador Martín Llaryora, denunció obstrucción política por parte de la oposición, particularmente de los 'libertarios de Córdoba'. Llaryora cruzó duramente a estos sectores, acusándolos de bloquear iniciativas de seguridad.
Por su parte, el senador nacional Luis Juez, del juecismo, celebró la decisión del Tribunal y la describió como un freno a una licitación 'a medida'. 'Estamos a favor de la seguridad, pero con transparencia', afirmó un dirigente juecista. Juez elevó el tono al hablar de 'corrupción' en el proceso, argumentando que la oposición busca garantizar controles adecuados en el gasto público.
Esta controversia se enmarca en tensiones políticas locales, con el Tribunal de Cuentas enfatizando la auditoría para evitar irregularidades. La licitación permanece en pausa mientras se revisan los procedimientos, lo que podría demorar la implementación de estas herramientas de vigilancia en la provincia.
La discusión resalta debates sobre el equilibrio entre seguridad pública y accountability en el uso de fondos provinciales, sin resolverse aún las acusaciones mutuas.
