La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres funcionarios del Ministerio de Justicia por posibles irregularidades en un contrato de más de 2.180 millones de pesos para el suministro de tiquetes aéreos. Los cargos se basan en la adjudicación a un contratista que no cumplía con los requisitos de experiencia y que presentó precios bajos artificialmente. Además, se cuestionan pagos autorizados pese a que no se aplicó un descuento prometido del 12,50%.
La Procuraduría Segunda de Contratación Estatal inició una investigación por irregularidades en el proceso de selección para proveer tiquetes aéreos al Ministerio de Justicia y del Derecho en 2023. El contrato, valorado en más de 2.180 millones de pesos, fue adjudicado bajo la responsabilidad de Helén Ortiz Carvajal, quien era secretaria general en ese momento. Según la entidad, Ortiz Carvajal habría ignorado que el contratista no reunía la experiencia mínima requerida en el pliego de condiciones y que su oferta incluía precios artificialmente bajos.
Andrés Vergara Ballén, coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable y miembro del comité evaluador, también enfrenta cargos. Él habría habilitado técnicamente al proponente, recomendado su adjudicación tanto técnica como financieramente, y autorizado un pago durante la ejecución del contrato, a pesar de las deficiencias señaladas y la omisión del descuento del 12,50% en la tarifa neta.
Derly González Ariza, otra supervisora del contrato, firmó las autorizaciones de pagos entre febrero y noviembre de 2024, incluso cuando el contratista no aplicó el descuento establecido en la subasta. Las conductas de los tres funcionarios fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima.
Esta acción de la Procuraduría busca garantizar la transparencia en los procesos de contratación estatal, destacando la importancia de verificar el cumplimiento de requisitos en licitaciones públicas.
