Secretaría anticorrupción sanciona a tres empresas por documentos falsos en licitaciones

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, impuso multas y prohibiciones a tres empresas por presentar documentos falsos en procesos de contratación pública. Las compañías Ravisa Autos del Oriente, Gen Industrial y Escore Alimentos quedaron inhabilitadas por tres meses para contratos con el gobierno federal. Las sanciones protegen la integridad de las compras públicas en México.

Al cierre de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció sanciones contra tres empresas que falsificaron documentos para obtener contratos públicos en sectores de salud y economía. Estas medidas, notificadas el 31 de diciembre, incluyen multas económicas y una inhabilitación temporal, registradas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

El primer caso involucra a Ravisa Autos del Oriente, que participó en la licitación LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025 del Servicio Geológico Mexicano para la compra de camionetas pick-up nuevas de doble cabina. El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía detectó una constancia fiscal falsa sobre aportaciones patronales, resultando en una multa de 175 mil 367 pesos y tres meses de inhabilitación.

Gen Industrial fue sancionada por su propuesta en la licitación LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, convocada por el Hospital General “Dr. Manuel Gea González” para servicios de recolección y disposición de residuos peligrosos y comunes. La revisión reveló documentación falsa, lo que llevó a una multa de 157 mil 685 pesos y la misma inhabilitación de tres meses.

Finalmente, Escore Alimentos presentó una opinión falsa de cumplimiento fiscal en seguridad social para la licitación LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023 del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, destinada a servicios de alimentación. La Secretaría de Salud aplicó una multa idéntica de 157 mil 685 pesos y tres meses de prohibición.

La dependencia enfatizó que estas acciones se basan en la ley para defender el interés público. “Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, señaló en su comunicado oficial. Durante el periodo de inhabilitación, las empresas no podrán participar en nuevas contrataciones federales, fortaleciendo la transparencia en las licitaciones públicas mexicanas.

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