El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado la detención preventiva en cárcel de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en un esquema de corrupción en la UNGRD y el INVIAS. La magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero consideró suficientes las pruebas para inferir su rol en una red criminal de alto nivel que direccionó contratos a cambio de apoyos políticos. El presidente Gustavo Petro defendió a Bonilla, calificándolo de 'ingenuo', en medio de una crisis política que se profundiza.
El 18 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá, a través de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, dictó medida de detención preventiva en centro carcelario contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Ambos exministros enfrentan acusaciones por su supuesta participación en el direccionamiento de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con el objetivo de obtener apoyos de congresistas.
La decisión se basó en elementos probatorios que indican un 'pacto criminal' originado en el alto gobierno. Según el fallo, este entramado utilizó las reformas pensional y de salud como pretexto para consolidar una organización ilegal que permeó el Ejecutivo y el Legislativo. La Fiscalía argumentó, y el tribunal acogió, que los exfuncionarios encabezaron una estructura que convirtió a la UNGRD y al INVIAS en una 'caja menor' para pagar coimas a congresistas a cambio de votos que aseguraran gobernabilidad.
Se habrían direccionado 74 contratos en el INVIAS y cinco en la UNGRD, por más de 612 mil millones de pesos, de los cuales al menos siete proyectos se ejecutaron. El caso inició con la investigación de 40 carrotanques para La Guajira, revelando una red de corrupción más amplia. Testimonios clave de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides permitieron inferir que Bonilla y Velasco eran 'cabezas' de la estructura.
La magistrada rechazó la detención domiciliaria solicitada por la Fiscalía, considerando insuficiente ante la gravedad de los delitos y el impacto institucional. Advirtió que la red no ha sido desmantelada por completo y persisten riesgos para el proceso judicial. El presidente Gustavo Petro reaccionó defendiendo a Bonilla como 'ingenuo' y evitó mencionar a Velasco, mientras el escándalo salpica a figuras del Ejecutivo y agrava la crisis política en torno al caso UNGRD, uno de los más graves en años recientes.
