El Supremo Tribunal Federal ratificó los arrestos domiciliarios para diez acusados condenados en el complot golpista, tras una audiencia de custodia el sábado 27 de diciembre. La medida, autorizada por el ministro Alexandre de Moraes, busca prevenir fugas como las de Silvinei Vasques y Alexandre Ramagem. Dos objetivos no fueron localizados de inmediato por la Policía Federal.
El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó arresto domiciliario para diez acusados condenados en el complot golpista el sábado 27 de diciembre, citando el riesgo de fugas como el 'modus operandi' de la organización criminal. La decisión fue motivada por casos recientes, como el de Silvinei Vasques, exdirector de la Policía Rodoviária Federal (PRF), condenado a 24 años y seis meses por obstruir el flujo de votantes en 2022. Vasques huyó en Nochebuena desde Santa Catarina, usando un auto alquilado para ingresar ilegalmente a Paraguay, donde fue arrestado el 26 de diciembre mientras intentaba abordar un vuelo a El Salvador con un pasaporte falso. Afirmó en una carta sufrir cáncer cerebral para justificar el viaje médico. Trasladado a Brasília, Vasques cumple prisión preventiva en Papudinha, una unidad de la Policía Militar en el Distrito Federal.
Otro ejemplo citado por Moraes es Alexandre Ramagem, exjefe de la Abin y exdiputado, que huyó a Estados Unidos y tuvo revocada su investidura. La estancia de Ramagem en Miami es facilitada por investigadores que lo ayudan con documentos falsos para obtener una licencia de conducir local, según la decisión.
Los acusados blanco de las órdenes incluyen a Filipe Martins, exasesor de Jair Bolsonaro; siete militares del Ejército en reserva o activos, como el coronel Bernardo Romão Corrêa Netto y el teniente coronel Guilherme Marques de Almeida; Marília Alencar, exdirectora de Inteligencia del Ministerio de Justicia; y Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente del Instituto Voto Legal. Los arrestos fueron ejecutados por la Policía Federal en estados como Río de Janeiro, São Paulo, Goiás y Bahía, con apoyo del Ejército en casos militares.
La jueza auxiliar Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, del despacho de Moraes, realizó las audiencias de custodia y ratificó las medidas para los ocho localizados. Rocha es considerado fugitivo, ya que no fue hallado y su defensa alega cambio de domicilio. Almeida, de viaje en Bahía, se comprometió a regresar a Goiânia para cumplir la orden. Las condiciones incluyen usar tobillera electrónica, entregar pasaportes, prohibición de salir del país o del hogar, veto a redes sociales, contacto con otros acusados y porte de armas, más visitas solo autorizadas judicialmente.
Moraes argumentó: 'El modus operandi de la organización criminal condenada por el Supremo Tribunal Federal indica la posibilidad de planificar y ejecutar fugas fuera del territorio nacional, como hizo el acusado Alexandre Ramagem, inclusive con ayuda de terceros.' Los acusados pertenecen principalmente al núcleo 4 del complot, vinculado a cuestionamientos electorales y desinformación sobre urnas en 2022. Defensas de algunos, como la de Martins, anunciaron recursos contra la decisión.
