El gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, anunció acciones jurídicas contra 17 gobernadores que se niegan a aplicar el decreto de emergencia económica, mientras la Corte Constitucional revisa su legalidad. Esta confrontación genera incertidumbre sobre los impuestos recaudados, como el IVA del 19% a licores, y posibles devoluciones si la medida se declara inconstitucional. Expertos advierten que las sanciones penales son improbables y destacan la complejidad de reembolsos.
La declaración de emergencia económica por parte del gobierno de Gustavo Petro ha desatado un conflicto institucional en Colombia. Mientras la Corte Constitucional examina la legalidad del decreto, incluyendo la validez de las firmas ministeriales, 17 gobernadores anunciaron que no aplicarán medidas como el IVA ampliado al 19% sobre licores y el impuesto al consumo. El ministro de Justicia en ejercicio, Andrés Idárraga Franco, reiteró que el orden constitucional es obligatorio y que el gobierno actuará por vías legales para garantizar su cumplimiento, sin permitir interpretaciones unilaterales por autoridades territoriales.
El magistrado Carlos Camargo asumió el estudio del caso y ordenó pruebas técnicas, como conceptos de exministros de Hacienda y la verificación del encargo de la exministra Irene Vélez, cuya firma es cuestionada por no cumplir con el requisito constitucional de participación de todos los ministros. Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, explicó que devolver impuestos pagados sería 'muy difícil en la práctica' debido a sumas pequeñas y procedimientos engorrosos ante la DIAN.
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, aclaró que los fallos de la Corte suelen tener efectos a futuro, protegiendo lo recaudado, y descartó prevaricato para los gobernadores, ya que invocan la 'excepción de inconstitucionalidad'. José Gregorio Hernández, exmagistrado, recordó el caso de 1992 donde se ordenó devolución por inequidad. Hernando Herrera Mercado, de la Corporación Excelencia en la Justicia, criticó la hipocresía del gobierno, que usó figuras similares recientemente.
Esta tensión pone en riesgo la recaudación fiscal y resalta debates sobre el uso de poderes extraordinarios en lugar del Congreso. Mientras tanto, contribuyentes enfrentan incertidumbre financiera.
