Diecisiete gobernadores colombianos, liderados por los de Antioquia y Valle del Cauca, han decidido desobedecer un decreto del gobierno de Gustavo Petro que modifica la estructura impositiva de los licores. Argumentan que el decreto causa un daño irreparable a la financiación departamental para salud y educación. Esta acción se ampara en la Constitución para casos de mala administración gubernamental.
El columnista Gustavo Álvarez Gardeazábal describe en su artículo publicado el 22 de enero de 2026 cómo la administración del presidente Gustavo Petro está 'desencuadernando' a Colombia mediante decisiones que desmantelan estructuras clave del país. Según el texto, el gobierno ha mostrado incapacidad administrativa, enfocándose en venganzas políticas del pasado en lugar de gobernar efectivamente.
Un ejemplo clave es la destrucción de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las que se acusa de odiar por ideología o capricho. El autor critica una teoría económica fallida atribuida al presidente, comparándola con un efecto dominó que colapsaría el sistema de salud al empujar una sola pieza, y la califica sarcásticamente como merecedora del Nobel de Economía bajo el término 'chuchuchu'.
Otro frente es el decreto sobre licores, calificados como vicio o provocación, que históricamente han servido como pivote para la financiación departamental en salud pública y educación. Este decreto, copiado de un proyecto de ley rechazado por el Congreso, ha sido calificado de agresivo y ha llevado al colapso de esa estructura frágil.
En respuesta, 17 gobernadores, acaudillados por los de Antioquia y Valle, han optado por aferrarse a la Constitución y desobedecer el decreto hasta que la Corte determine su ilegalidad. Álvarez Gardeazábal ve esto como una rebelión justificada, utilizando la válvula de escape constitucional para cuando el país sea mal gobernado, lo que representa el 'desencuaderne' en su grado más alto.
