La Corte Constitucional de Colombia suspendió provisionalmente el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, que declaraba una Emergencia Económica y Social. El presidente Gustavo Petro criticó la decisión como una ruptura del orden constitucional y anunció que el costo de la deuda no recaerá en la clase trabajadora. El gobierno planea presentar nuevas leyes tributarias para enfrentar el déficit.
El 30 de enero de 2026, la Corte Constitucional de Colombia decidió por seis votos contra dos suspender provisionalmente los efectos del Decreto 1390, emitido el 22 de diciembre de 2025 por el presidente Gustavo Petro. Esta medida declaraba una Emergencia Económica y Social para enfrentar un déficit fiscal estructural y un alto riesgo en el pago de la deuda pública. La ponencia del magistrado Carlos Camargo argumentó la necesidad de revisar la norma mientras la Sala Plena se pronuncia de fondo.
Petro reaccionó en su cuenta de X, afirmando que la corte prejuzgó sin estudiar las razones del gobierno. 'Cuando desde hace décadas la Corte Constitucional prohibió suspender provisionalmente un decreto de emergencia, la actual Corte Constitucional, sin estudiar nuestras razones, decidió hacerlo. Se trata literalmente de prejuzgar', escribió. Agregó que esta acción representa 'una ruptura real del orden constitucional, solo porque existe un gobierno que es amigo del pueblo trabajador'. El mandatario enfatizó que, mientras gobierne, 'cualquier costo de la deuda no será pagada por el pueblo trabajador'.
El presidente también lamentó que la suspensión proteja impuestos a los sectores ricos, socializando una crisis mayor. 'Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor', posteó. Explicó que la decisión no es retroactiva, por lo que decretos derivados mantienen presunción de legalidad.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó preocupación, señalando que el levantamiento genera una emergencia social al bloquear recursos para programas sociales y afectando la estabilidad del país. 'Esta decisión protege a los sectores más ricos y bloquea recursos que podían destinarse a la población que más los necesita', dijo.
El viceministro Técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, confirmó que el gobierno presentará nuevas leyes de financiamiento y ordinarias tributarias. 'Hay que volver a presentar leyes de financiamiento... Vamos a hacerlo', aseguró. Advirtió de un recorte de 16,3 billones de pesos, dejando sin energía a cinco millones de colombianos en tres departamentos y limitando ayuda a damnificados por la ola invernal.
Petro vinculó esto a defensas más amplias, como el salario vital (Decreto 1469 con incremento del 23%) y la reforma pensional, llamando a la fuerza pacífica del pueblo y una asamblea constituyente.
