El Senado de Colombia aprobó citar a todos los ministros a un debate de control político el 29 de diciembre para examinar la declaratoria de emergencia económica del gobierno de Gustavo Petro. Esta decisión se tomó en una sesión extraordinaria virtual durante el receso legislativo de fin de año. El encuentro busca esclarecer la situación fiscal y las implicaciones de no aprobar nuevas fuentes de recaudo.
En medio del receso legislativo de diciembre de 2025, el Senado de la República de Colombia convocó una sesión extraordinaria virtual el viernes 26 de diciembre para aprobar la citación a un debate de control político. Esta medida, propuesta por el senador Carlos Fernando Motoa del partido Cambio Radical, obliga a todos los ministros a comparecer el próximo domingo 29 de diciembre a partir de las 10:00 a.m. en modalidad mixta. El foco del debate es la declaratoria de emergencia económica emitida por el presidente Gustavo Petro, que busca abordar desafíos fiscales tras el fracaso de reformas tributarias en el Congreso.
La iniciativa recibió amplio respaldo de diversos partidos, incluyendo el Conservador y el Centro Democrático. La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, apoyó la propuesta argumentando que permitirá al país entender con precisión la situación fiscal y las consecuencias de no haber aprobado nuevos mecanismos de recaudo. Motoa enfatizó: “el control político no tiene receso. Es una función constitucional permanente”, y criticó el uso recurrente de estados de excepción cuando el Ejecutivo no logra acuerdos legislativos.
Otros legisladores, como el senador Efraín Cepeda, cuestionaron la justificación de la emergencia, afirmando que no hay hechos imprevistos que la respalden y que el rechazo a las reformas era un resultado anticipado. El presidente del Senado, Lidio García Turbay, defendió la autonomía del Legislativo ante críticas del gobierno. Respondió directamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien argumentó que el debate no podía avanzar sin el informe motivado del Ejecutivo. García invocó el artículo 215 de la Constitución para justificar las sesiones extraordinarias de control político mientras se espera ese documento.
Desde el gobierno, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, criticó la celeridad de la citación y describió a García como un impedimento para las reformas. Estas tensiones han intensificado el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, con implicaciones potenciales para la vigencia del decreto de emergencia.
