El Gobierno de Colombia expidió el decreto legislativo 0044 del 21 de enero de 2026 para garantizar la continuidad del servicio eléctrico ante una crisis inminente. Las medidas excepcionales buscan fortalecer la liquidez del sector sin afectar a los usuarios ni las tarifas. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, enfatizó que el objetivo es evitar apagones masivos en regiones vulnerables como el Caribe.
En respuesta a una perturbación grave en el sistema eléctrico nacional, derivada de factores financieros, operativos y estructurales que afectan la liquidez de agentes del mercado, el Gobierno colombiano activó medidas transitorias bajo el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
El decreto 0044, expedido el 21 de enero de 2026, crea una contribución parafiscal temporal y un aporte solidario en energía por parte de ciertas empresas del sector. Estos recursos se destinan al fortalecimiento del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para respaldar compañías intervenidas y prevenir interrupciones en el servicio, especialmente en zonas como la región Caribe.
El ministro Edwin Palma aclaró que estas acciones no alteran el modelo del sector ni impactan las tarifas. "Este no es un decreto contra el sector eléctrico, es un decreto para salvarlo de la falta de acción de los Gobiernos anteriores y de los honorables parlamentarios que han asfixiado la política fiscal del país", declaró. Agregó: "Este decreto no se traslada a la factura de los usuarios, no altera el despacho económico ni cambia las reglas del mercado. Su objetivo es proteger a la gente y las empresas del sector para garantizar la continuidad del servicio".
Palma subrayó la obligación constitucional del Estado de asegurar servicios públicos eficientes. "Cuando está en riesgo un servicio público esencial, el Estado no puede mirar para otro lado. Estas medidas son solidaridad temporal para evitar un daño permanente al sistema eléctrico y a la economía del país", afirmó.
El Gobierno indicó que el decreto se limita al período de emergencia y se ajusta a principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad, mientras se buscan soluciones estructurales a largo plazo para la sostenibilidad del sector.
