La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) alertó que el Decreto 0044 de 2026 del Ministerio de Hacienda compromete la estabilidad financiera del sector energético al imponer una contribución parafiscal del 2,5% y un aporte en energía del 12%. El gremio, liderado por Alejandro Castañeda, califica la medida como confiscatoria y con vicios legales, solicitando revisión a la Corte Constitucional. El decreto busca financiar intervenciones en empresas como Air-e, intervenida hace más de 17 meses.
El 21 de enero de 2026, en el marco de la emergencia económica declarada por el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 0044 de 2026. Esta norma introduce dos medidas clave para el sector de generación eléctrica: una contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos de 2025, destinada al fortalecimiento del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta contribución, con un recaudo estimado de cerca de $300.000 millones, busca garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio público de energía eléctrica, financiando procesos de intervención en empresas en crisis.
Los pagos se realizarán en dos cuotas: el 1,25% inicial el 2 de febrero de 2026, y el saldo el 15 de mayo de 2026, reportados a través del Sistema Único de Información (SUI). Aplica a empresas que desarrollan actividades de generación según el artículo 14 de la Ley 142 de 1994, excluyendo impactos en la base gravable de renta.
La segunda medida establece un aporte en especie del 12% de la energía vendida en el Mercado de Energía Mayorista por generadores hidráulicos con despacho centralizado. Esta energía se distribuirá proporcionalmente a empresas intervenidas como Air-e, liquidada mensualmente por XM S.A. E.S.P., sin afectar tarifas ni precios de mercado. Su valor se reconocerá como un descuento tributario del 50% en el impuesto sobre la renta.
La Andeg, representada por su presidente Alejandro Castañeda, criticó duramente el decreto, argumentando que es confiscatorio y presenta vicios de ilegalidad. "El Decreto 044 de 2026 resulta confiscatorio y presenta serios vicios de ilegalidad, toda vez que compromete la suficiencia financiera de los agentes generadores y les traslada la carga de asumir deudas que no les corresponden", declaró Castañeda. El gremio destaca que las generadoras térmicas enfrentan acreencias de $1,2 billones con Air-e y más de $500.000 millones con el resto de la cadena, lo que agrava el riesgo sistémico y desincentiva la inversión.
Además, Andeg sostiene que estas medidas distorsionan el modelo de prestación del servicio, obligando a los generadores a contribuir a su propia deuda sin resolver estructuralmente los problemas de Air-e, intervenida desde hace más de 17 meses en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Castañeda hizo un llamado a la Corte Constitucional para revisar el decreto junto con la emergencia económica, advirtiendo efectos nocivos en la sostenibilidad del sector y la credibilidad institucional. "Esto obviamente distorsiona la forma como funciona el sector eléctrico, que siempre se ha caracterizado por ser un sector que tiene relaciones formales entre los agentes a través de contratos, a través de bolsa, a través del operador del mercado", añadió.
