La Comisión de Hacienda del Senado comenzó a revisar el proyecto de ley de reajuste para el sector público, presentado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Los diputados aprobaron un aumento salarial del 3,4% gradual, pero rechazaron la 'norma de amarre' que buscaba mayor estabilidad laboral. La oposición anticipa rechazar nuevamente esa disposición en el Senado.
El proyecto de ley de reajuste para el sector público entró en su segunda etapa legislativa tras ser despachado por la Cámara de Diputados. El ministro Nicolás Grau presentó los lineamientos ante la Comisión de Hacienda del Senado, destacando el reajuste de remuneraciones del 3,4% nominal, distribuido en un 2% para diciembre de 2025 y un 1,4% para junio de 2026. Este aumento implica un costo fiscal de US$1.775 millones en 2026, de los cuales el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que US$822 millones carecen de financiamiento claro, requiriendo reasignaciones o holguras fiscales.
Además, se aprobó postergar el reavalúo de propiedades no agrícolas de enero de 2026 a enero de 2027, y extender el teletrabajo hasta 2028 para servicios del gobierno central, universidades y centros de formación técnica estatales. También se estableció que los funcionarios de confianza en gabinetes de Presidencia, ministerios y otras autoridades deben renunciar antes del 11 de marzo de 2026.
Sin embargo, la 'norma de amarre' fue rechazada en la Cámara. Esta disposición original permitía a trabajadores a contrata reclamar despidos injustificados ante la Contraloría tras dos años; el gobierno intentó extenderlo a cinco años, pero no prosperó. Otras normas rechazadas incluyen habilitar servicios logísticos para Correos de Chile y la participación de Enap en proyectos de hidrógeno verde y combustibles renovables.
Grau notificó que el gobierno repondrá los artículos rechazados, incluida la norma de amarre. La oposición, sin embargo, se opone. El senador UDI David Sandoval afirmó: 'El proyecto es razonable, pero todo lo relacionado al amarre en el Senado no va a prosperar'. La senadora Ximena Rincón (Demócrata), presidenta de la comisión, criticó: 'Es de contra lógica que este gobierno pretenda dejar amarradas ciertas normas'. El senador socialista José Miguel Insulza espera consenso en la próxima sesión del 19 de enero.
Sobre el financiamiento, Sandoval cuestionó la falta de información veraz del gobierno. Rincón agregó: 'El gobierno está al debe con explicar de dónde sacarán los recursos'. Además, el plan de incentivo al retiro voluntario para empleados mayores de 75 años generó críticas por discriminación etaria, con Insulza y Rincón argumentando que atenta contra tratados internacionales y promueve el 'edadismo'. Sandoval compartió la preocupación, abogando por un sistema de retiro adecuado para renovar estructuras sin restricciones.
