El Gobierno de Javier Milei acelera la aprobación de su reforma laboral en el Senado para principios de febrero, convocando a líderes opositores. Mientras tanto, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advierte sobre impactos fiscales en las provincias, y el peronismo presenta un proyecto alternativo sin posición unificada.
El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, intensifica negociaciones para aprobar su reforma laboral en el Congreso. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, convocó para este miércoles a los jefes de bloque de la oposición con el objetivo de acercar posiciones y asegurar que el proyecto se trate en el Senado a principios de febrero. El oficialismo apunta a una sesión posible el 11 de febrero en la Cámara alta, seguida de un debate en Diputados dos semanas después.
En paralelo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reunió este martes a sus cuatro legisladores en el Congreso para analizar el impacto de la reforma. El foco estuvo en el capítulo impositivo, que podría afectar fondos coparticipables y obras provinciales. "Salta no va a resignar fondos ni obras estratégicas", advirtió Sáenz. La senadora Flavia Royón enfatizó: “Se plantea una baja de impuestos que tiene un impacto fiscal en las provincias y en los recursos coparticipables”. Los diputados Yolanda Vega, Pablo Outes y Bernardo Biella coincidieron en defender los recursos provinciales, argumentando que el Gobierno nacional no puede reducir tributos a costa de las provincias. Sáenz, quien recientemente se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, expresó voluntad de diálogo: “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar”.
Por su parte, Unión por la Patria (UxP), el principal bloque opositor peronista, no ha definido una postura común. En su reunión de bloque este martes, no se discutió el tema, centrándose en el acuerdo Mercosur-UE. La diputada Raquel “Kelly” Olmos presentó un proyecto alternativo de modernización laboral, que incluye simplificación de negociaciones colectivas, extensión de licencias parentales a 120 y 30 días respectivamente, reducción progresiva de la jornada a 40 horas semanales, y un régimen para trabajadores de plataformas digitales. Olmos, exministra de Trabajo, sumó adhesiones de legisladores como Eduardo Valdés y Agustín Rossi, pero aún no cuenta con aval del sector cristinista ni de la conducción del bloque. “Es una etapa deliberativa hasta que se construyan los despachos”, explicó. Esta indefinición expone tensiones internas en UxP, con críticas por la falta de debate previo.
Las negociaciones destacan el equilibrio entre modernización laboral y protección federal, con provincias como Salta exigiendo garantías para sus recursos.
