El gobierno de Argentina estima haber conseguido el respaldo de cinco gobernadores para aprobar la reforma laboral, mientras las empresas negocian modificaciones con la senadora Patricia Bullrich para evitar judicializaciones. El proyecto, que busca modernizar la legislación laboral, se tratará en el Senado en febrero. Las cámaras empresarias apoyan el espíritu general, pero piden cambios en artículos específicos que afectan la negociación colectiva y el financiamiento de entidades.
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este miércoles con el gobernador Rolando Figueroa y mañana se encontrará con Rogelio Frigerio, como parte de los esfuerzos para obtener apoyo provincial para la reforma laboral. Según fuentes gubernamentales, ya cuentan con el respaldo de cinco gobernadores para su aprobación en el Congreso.
Paralelamente, las principales cámaras empresarias, lideradas por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), se reunieron con la senadora Patricia Bullrich para negociar modificaciones en el proyecto de Ley de Modernización Laboral. Estas entidades, incluyendo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), ratificaron su apoyo general a la iniciativa, pero exigen correcciones en la 'letra chica' que podría desfinanciar a las asociaciones y fragmentar la negociación colectiva.
Los puntos controvertidos incluyen los artículos 126, 128, 130, 131 y 132. El artículo 126 elimina la ultraactividad de los convenios, obligando a renegociaciones constantes y generando riesgos de vacíos normativos, especialmente para las PyMEs. El 128 suprime contribuciones patronales obligatorias, afectando programas de capacitación. Los artículos 130 y 131 descentralizan la negociación, priorizando acuerdos por empresa sobre sectoriales, lo que podría crear desigualdades salariales. Finalmente, el 132 otorga al Estado discrecionalidad para anular homologaciones, introduciendo inseguridad jurídica.
"Una de las cosas que hay que evitar es justamente eso. La ley que salga tiene que ser una ley que se aplique, no una ley que sea judicializable", expresó un miembro del Grupo de los Seis (G6). Mario Natalio Grinman, líder de la CAC, señaló: "Compartimos el espíritu del proyecto centrado en adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas imponen", pero advirtió sobre observaciones en unos pocos artículos.
El proyecto obtuvo dictamen en la Comisión de Trabajo del Senado en diciembre, impulsado por La Libertad Avanza, y se espera su tratamiento en la primera quincena de febrero. Las cámaras buscan equilibrar la modernización con la sostenibilidad de las entidades patronales, mientras el oficialismo estudia alternativas para resolver conflictos como el de Ganancias.
