El gobierno argentino reafirmó que su proyecto de reforma laboral no afectará derechos adquiridos existentes, en respuesta a las acusaciones de la CGT de que el Ejecutivo mintió sobre su alcance. La central obrera calificó las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger como un 'sincericidio', alegando que la reforma se aplicará a todas las relaciones laborales. Mientras tanto, el kirchnerismo avanza con una propuesta alternativa para contrarrestar el iniciativa oficial en el Senado.
El debate sobre la reforma laboral en Argentina se intensificó esta semana con cruces entre el gobierno de Javier Milei, la CGT y la oposición kirchnerista. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que los cambios, que modifican 57 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y eliminan nueve, se aplicarán a 'todas las relaciones laborales', incluyendo la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para despidos. Sin embargo, tras las críticas de la CGT, el oficialismo insistió en que 'los derechos adquiridos, son adquiridos', negando la retroactividad y respondiendo a las denuncias de que el gobierno había mentido previamente al decir que solo afectaría contratos futuros.
Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, cuestionó duramente a Sturzenegger: 'Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no'. La central obrera rechazó la iniciativa como 'regresiva' y con 'quita de derechos individuales y colectivos', advirtiendo que no generó empleo pese a cambios previos en la Ley Bases, donde se perdieron 276.624 puestos de trabajo y cerraron 19.164 empleadores entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, según datos del CEPA y la SRT.
En paralelo, el bloque kirchnerista en el Senado, liderado por Mariano Recalde y Vanesa Siley, prepara un dictamen propio con 'cambios estructurales' alternativos. Propone elevar el salario mínimo por encima de la Canasta Básica, paritarias sin topes, pago exclusivo en dinero, reducción de la jornada a 42 horas semanales, derecho a la desconexión digital, comités de salud laboral y licencias parentales de 90 días para ambos progenitores. Critican que la reforma oficial profundizará la precarización sin impulsar el empleo formal, vinculándolo al rumbo económico general.
La CGT convocó una marcha a Plaza de Mayo el 18 de diciembre contra la reforma, con apoyo de ATE, CTA y UOM, aunque no un paro general. El economista Daniel Artana, de FIEL, advirtió que sin modernización laboral, la productividad argentina, 'congelada hace 50 años', impedirá el crecimiento del empleo. El proyecto oficial ingresó al Senado en sesiones extraordinarias hasta fin de año, donde se definirá su futuro en medio de tensiones políticas.
