El Ministerio de Hacienda convocó a asesores de la oposición para presentar detalles del proyecto de reajuste del sector público, que incluye una controvertida norma para restringir despidos de funcionarios a contrata antes del cambio de gobierno. La reunión telemática se realizará el lunes a las 17 horas, con el fin de evitar sorpresas en su tramitación en el Congreso a partir del 5 de enero. Paralelamente, La Moneda instruyó a sus funcionarios de confianza tomar vacaciones antes de marzo para facilitar la transición.
El proyecto de reajuste del sector público del gobierno de Gabriel Boric genera tensiones con la oposición, especialmente por la norma conocida como 'amarre', que busca limitar despidos de funcionarios a contrata mediante mayor justificación y criterios objetivos. Esta disposición, acordada en un protocolo con asociaciones de trabajadores, exige que la no renovación de contratos en entidades como subsecretarías, servicios públicos y municipalidades se base en actos administrativos fundados, con hechos y fundamentos de derecho. Para quienes tienen al menos dos años de servicio continuo, se permite reclamar vicios de legalidad ante la Contraloría General de la República.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocó a una reunión telemática el lunes 29 de diciembre a las 17 horas con asesores de las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado, así como jefes de bancadas opositoras. El objetivo es exponer el contenido de la ley sin mostrar el articulado específico, anticipando diferencias para una tramitación fluida. La iniciativa ingresará al Congreso el 5 de enero.
Partidos opositores como Republicano, RN y UDI confirmaron asistencia. El diputado RN Frank Sauerbaum indicó: “luego de conocer las normas que presentará el gobierno en la ley de reajuste, que se estiman en más de 100, analizaremos en conjunto como oposición si asistimos a reunirnos con el gobierno y en qué condiciones”. Felipe Donoso (UDI) planea participar directamente, aunque enfatizó que una opinión completa requerirá el texto final. Agustín Romero (Republicano) enviará un asesor para velar por la transparencia y el buen uso de recursos.
Otro punto de fricción es el financiamiento: Sauerbaum cuestionó que el gobierno haya provisionado solo US$600 millones para un costo estimado de US$1.500 millones.
En paralelo, durante un consejo de gabinete el viernes, el ministro del Interior Álvaro Elizalde instruyó que ningún funcionario de confianza permanezca en funciones después del 11 de marzo, fecha del cambio de mando a José Antonio Kast. Se prohibió postergar vacaciones o días administrativos más allá de febrero, distinguiendo a estos de los de carrera afectados por la norma de amarre. Elizalde rechazó amenazas de acusación constitucional contra Grau: “es absurdo, jurídico y políticamente, que se utilice la amenaza de una acusación constitucional por un proyecto de ley”.
