La llamada 'ley de amarre', destinada a fijar contratos en el sector público, enfrenta un colapso en el oficialismo y se prevé su rechazo en el Congreso. El diputado José Toro (PPD) criticó el acuerdo con el sector público, mientras gremios empresariales cuestionan la insistencia gubernamental en negociaciones ramales. Esta norma afecta a casi el 70% de los funcionarios centrales, mayoritariamente a contrata y profesionales.
En medio de la transición presidencial hacia José Antonio Kast, la 'ley de amarre' ha generado controversia al intentar estabilizar posiciones en el sector público. Según reportes, casi el 70% de los funcionarios del gobierno central trabajan a contrata, y la mayoría son profesionales, lo que motiva la propuesta para evitar cambios abruptos con el nuevo mandato.
El diputado José Toro, del Partido por la Democracia (PPD), criticó duramente el 'amarre' incluido en el acuerdo con el sector público, anticipando su rechazo en el Congreso debido a la falta de consenso. 'Llamada “ley de amarre” se desfonda en el oficialismo y su falta de apoyo presagia su rechazo en el Congreso', indica un titular reciente. Además, gremios empresariales han expresado su desacuerdo con la insistencia del gobierno en una negociación ramal, viéndola como un obstáculo para la fluidez en la transición.
En una carta al director, Ignacio Garay P. argumentó: 'Si la calidad de los amarrados fuera buena, no habría necesidad de amarres'. Por su parte, el abogado Gabriel Alemparte describió la iniciativa como 'un impresentable intento de ley de amarre de funcionarios que ha empañado el proceso' de traspaso de poder, destacando cómo empaña los ritos tradicionales de la democracia chilena.
Esta situación refleja tensiones en el cierre del gobierno de Gabriel Boric, con el oficialismo dividido y la oposición fortalecida ante la inminente asunción de Kast en 2026. El debate subraya desafíos en la estabilidad laboral pública durante cambios políticos.
