El gobierno del presidente Gabriel Boric defendió un protocolo acordado con el sector público para restringir despidos de funcionarios antes del cambio de mando, enfatizando la diferencia entre cargos de carrera y de confianza. La medida, criticada por el Partido Republicano y el presidente electo José Antonio Kast, requiere aprobación del Congreso en el marco del proyecto de reajuste público. Ministros aseguraron que los cargos de confianza cesarán el 11 de marzo de 2026.
El gobierno chileno respondió a las críticas sobre un acuerdo que busca proteger a los funcionarios públicos de despidos arbitrarios en vísperas del traspaso de poder. Este protocolo, negociado con la mesa de trabajadores del sector público, forma parte del proyecto de ley de reajuste que pronto ingresará al Congreso.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aclaró que los cargos de exclusiva confianza, ocupados por personas alineadas con el proyecto de Boric, dejarán sus puestos el 11 de marzo de 2026, coincidiendo con el cambio de gobierno. “En lo que respecta a los cargos de exclusiva confianza, el 11 de marzo, son personas que han participado del gobierno producto de su compromiso con el proyecto del Presidente Boric y, por tanto, van a cesar en sus cargos todos con motivo del cambio de mando”, declaró Elizalde en La Moneda.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, justificó la distinción al señalar que la mayoría de los estatales provienen de administraciones previas y no comparten necesariamente la visión política del gobierno actual. “La gran mayoría de las personas que trabajan en el Estado vienen desde distintas administraciones, no necesariamente comparten la visión política con el gobierno de turno”, explicó. Agregó que cualquier desvinculación de funcionarios de carrera debe ser fundada y apelable ante la Contraloría, como parte del acuerdo con los trabajadores.
Elizalde reiteró que el nuevo presidente podrá designar libremente cargos de confianza, pero los de carrera requerirán fundamentos para despidos. La medida, aún sujeta a debate parlamentario, busca equilibrar la estabilidad del servicio público con la libertad de los gobiernos entrantes.
