La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) solicitó prioridad legislativa para el proyecto de reajuste del sector público, mientras el gobierno reconoció haber explicado tardíamente una norma criticada como 'ley de amarre' por la oposición. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expresó mea culpa en una reunión política por permitir que el tema fuera capitalizado políticamente. La iniciativa busca estabilidad laboral para funcionarios de carrera, distinguiéndola de cargos de confianza que deben renunciar antes del 11 de marzo de 2026.
La Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), junto a organizaciones del sector público, pidió que se otorgue prioridad legislativa al proyecto de ley de reajuste para trabajadores del Estado. En su sede, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, enfatizó que "el trasfondo de esta negociación es llamar al gobierno saliente, pero también al entrante y al Parlamento a considerar que el Estado sea el mejor empleador en Chile".
Hace unos días, el gobierno firmó un acuerdo con la Mesa del Sector Público que incluye una norma para restringir despidos, lo que generó rechazo de la oposición, que la denominó 'ley de amarre'. La coordinadora del sector público, Laura San Martín, aclaró que "lo más importante para el sector es la estabilidad laboral y esto viene con la confianza legítima". Añadió: "No es nuevo el tema de la confianza legítima, que se pide que, por lo menos los funcionarios y funcionarias que tengan dos años de renovación de contrata, sus despidos no sean arbitrarios. Solamente que les digan porqué los van a despedir. No les estamos pidiendo amarre. Esto no es amarre".
San Martín distinguió entre "los cargos de confianza que se van con la autoridad de turno que los trajo" y los funcionarios de carrera, solicitando al gobierno presentar el proyecto rápidamente y al Parlamento legislarlo pronto para que los sueldos se paguen en enero. La vicepresidenta de la CUT, Gabriela Farías, esperó que la discusión se dé "con altura de miras y con la comprensión de que quienes están acá representan a los miles de trabajadores públicos".
En una reunión del comité político ampliado el lunes, el ministro Nicolás Grau explicó los puntos clave del proyecto, que ingresará al Congreso esta semana. Lamentó que el concepto de 'ley de amarre' haya sido instalado por la oposición y reconoció que el Ejecutivo explicó la iniciativa tardíamente. Grau, junto a los ministros Álvaro Elizalde y Camila Vallejo, y representantes de partidos como el Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista, proyectaron votos complejos para su aprobación.
Para reforzar, se emitió un oficio firmado por Grau, Elizalde y la ministra Macarena Lobos, indicando que "en cuanto al personal que presta asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, de los ministros de Estado, subsecretarías, Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales, Secretarios Regionales Ministeriales, jefes superiores de los servicios, cualquiera sea su modalidad de contratación, se establece que deberán presentar su renuncia al cargo a partir del 11 de marzo de 2026".
