Diputados de la UDI Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez advirtieron que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si el gobierno insiste en reincorporar una norma que dificulta el despido de funcionarios a contrata en el proyecto de reajuste del sector público. Esta 'ley de amarre', calificada de inmoral por la UDI, busca asegurar empleos para afines al Ejecutivo, generando divisiones en la oposición y críticas desde el oficialismo. El anuncio, hecho este jueves, planea ingresar el libelo en marzo.
El jueves 25 de diciembre de 2025, en medio de la discusión del proyecto de reajuste del sector público, los diputados de la UDI Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez elevaron el tono contra el gobierno. Amenazaron con una acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau si no se retira la norma que impone mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata, reingresada por el Ejecutivo pese a las críticas.
En un comunicado, los parlamentarios afirmaron: “No permitiremos que el ministro, sin que tenga un ápice de vergüenza, trate de pasar en una ley que se discute año a año como es el reajuste del sector público, el incluir una norma permanente para dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno”. Agregaron: “Si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo”.
La iniciativa divide a la oposición. La diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón cuestionó su necesidad, argumentando que el proyecto carece de votos para aprobarse y va contra la tradición republicana. El jefe de bancada RN Frank Sauerbaum criticó los 'pitutos' pero no respaldó la acusación. Desde Republicanos, Agustín Romero expresó sorpresa y prefirió enfocarse en la tramitación legislativa. El PDG, a través de Juan Marcelo Valenzuela, rechazó usar acusaciones como herramientas políticas. Joanna Pérez, del disuelto Partido Demócrata, coincidió en que no hay argumentos suficientes.
En el oficialismo, el diputado Frente Amplio Diego Ibáñez tildó la amenaza de 'utilización no democrática'. Raúl Soto (PPD) llamó a la prudencia en este período de transición. Roberto Arroyo (PSC) apoyó la acusación si se insiste, defendiendo el Estado de Derecho.
La UDI planea conversaciones con toda la oposición, incluido el PDG, para avanzar en marzo, independientemente del destino del proyecto.
