El gobierno de Gabriel Boric incluyó normas en el proyecto de reajuste del sector público que restringen despidos de funcionarios, generando críticas del equipo del presidente electo José Antonio Kast, quien las califica como un quiebre de confianza. Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, advirtió que estas medidas dinamitan la relación entre administraciones. El Ejecutivo defiende que solo formaliza reglas existentes.
El proyecto de ley de reajuste del sector público acordado por el gobierno de Gabriel Boric con la mayoría de agrupaciones incluye un aumento salarial del 3,4% en dos tramos: 2% desde diciembre de 2025 y 1,4% desde junio de 2026, sin alza real dada la inflación. Sin embargo, al final del protocolo se agregaron disposiciones que limitan la no renovación de contratas o su modificación en condiciones distintas en subsecretarías, servicios públicos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, requiriendo actos administrativos fundados en criterios objetivos.
Funcionarios con al menos dos años de servicio continuo podrán reclamar vicios de legalidad ante la Contraloría, salvo si optan por la vía judicial. Además, se regula el personal de asesoría directa en gabinetes de altas autoridades, estableciendo causales de cese y mecanismos de transparencia.
El comando de Kast reaccionó fuertemente. Arturo Squella afirmó que 'ese artículo rompe o pone en riesgo las confianzas que son tan importantes en esta etapa' y calificó la norma como 'impresentable' por intentar amarrar contrataciones. Agregó que si el gobierno persevera, 'no se podría construir nada' post-11 de marzo. El diputado republicano Agustín Romero la tildó de 'fraude' que rigidiza la administración para mantener 'infiltrado al Estado con sus operadores políticos'.
Desde la UDI, diputados anunciaron rechazo, argumentando que busca asegurar permanencia de vinculados políticamente al oficialismo. El Ministerio del Trabajo explicó que 'no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales'. José Pérez, de la Anef, la defendió como respuesta a demandas históricas por estabilidad laboral.
Paralelamente, surgieron críticas por financiamiento: el reajuste cuesta US$1.500 millones, pero solo US$600 millones están provisionados en el presupuesto, según diputados como Frank Sauerbaum (RN). El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que estará financiado.
Estos roces se suman a intercambios por derechos de las mujeres, donde la ministra Antonia Orellana criticó al Partido Republicano y el retorno de la Primera Dama, respondido por Squella pidiendo cuidado en declaraciones de ministros salientes.
