El gobierno chileno busca incluir en el proyecto de ley de reajuste del sector público una norma que obliga a justificar despidos de funcionarios a contrata, generando debate por ser calificada como 'ley de amarre' por la oposición. Casi el 70% de los 411.136 trabajadores de la administración central están bajo esta modalidad contractual, mayoritariamente profesionales. El ministro de Hacienda defiende la medida como protección contra arbitrariedades.
El debate surgió en torno a una disposición que el gobierno quiere incorporar al proyecto de ley de reajuste del sector público, con el fin de restringir despidos futuros de funcionarios justo antes del cambio de gobierno en marzo de 2026. Esta iniciativa responde a una petición de la mesa de trabajadores del sector público, pero ha alertado a parlamentarios de oposición y al comando del presidente electo, José Antonio Kast, quienes la denominan “ley de amarre”.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió la norma en radio ADN: “Lo que hace la norma es que, si se despide a un trabajador que está contratado en el sector público, se tiene que justificar. Y el trabajador tiene el derecho a reclamar ese despido en la Contraloría y la Contraloría tendrá que revisar la justificación”. Grau desechó las acusaciones de “amarre”, argumentando que busca “evitar despidos arbitrarios” y no impedirlos por completo, a diferencia de lo que actualmente se resuelve en tribunales de justicia.
Esta discusión se enmarca en la realidad contractual del sector público. Según el Informe de Recursos Humanos de 2024, de los 411.136 funcionarios de la administración central, 280.149 son a contrata, equivaliendo al 68,1%. De estos, 163.660 (58,4%) son profesionales, seguidos por técnicos (61.776, 22,1%) y administrativos (53.831, 19,2%). El Ministerio de Ciencias y Tecnología lidera con el 97% de su personal a contrata, seguido por Medioambiente (96%) y Transporte y Minería (95,7%).
Por demografía, predominan mujeres (179.566) sobre hombres (100.581), con dos no binarios, y la mayoría en edades 35-44 años (99.360). La norma excluye a asesores de confianza, quienes deben renunciar con el nuevo gobierno, como aclaró Grau en radio Infinita: “Las personas que están en los gabinetes (...) tienen que salir junto con los ministros”.
Expertos como la economista Ingrid Jones de LyD proponen una modalidad única de contratación por concurso público y mérito, con evaluación y carrera funcionaria. Juan Francisco Galli de Pivotes aboga por un nuevo estatuto que elimine distinciones entre planta, contrata y honorarios, urgiendo una reforma al empleo público para el nuevo gobierno.
La norma detalla que la no renovación de contratas requiere acto administrativo fundado en criterios objetivos, y funcionarios con al menos dos años de servicio pueden reclamar ante la Contraloría, salvo si ya interpusieron acciones judiciales.
