Los ahorros esperados de la reducción de la compensación por bajas en el sector público no se están materializando como se esperaba. Los empleados públicos están adoptando estrategias para conservar su salario completo a pesar de la reforma. Anunciada en octubre de 2024, esta medida buscaba frenar el costoso absentismo para el Estado.
En otoño de 2024, los debates presupuestarios generaron tensiones entre los funcionarios. El ministro de Servicio Público, Guillaume Kasbarian, anunció en Le Figaro un plan para combatir el absentismo en el sector público. El plan proponía ampliar los días de espera de 1 a 3 y reducir el reembolso de las bajas por enfermedad del 100 % al 90 %, alineando el sector público con el privado.
El Ejecutivo justificó estas medidas por el alto coste del absentismo, estimado en 15.000 millones de euros para el Estado en 2022 según la Inspección General de Finanzas (IGF). Los sindicatos reaccionaron con fuerza, calificando la reforma de estigmatizante para los empleados.
Sin embargo, los ahorros logrados desde la implementación de estos cambios están por debajo de las expectativas. Los funcionarios están utilizando estrategias para recibir su salario completo, eludiendo así las restricciones. La caída del gobierno de Barnier también ha afectado la aplicación de estas reformas, limitando su impacto.
Esta situación pone de relieve los desafíos de la reforma presupuestaria en el sector público, donde los objetivos de ahorro se encuentran con resistencias prácticas y organizativas.