El Ministerio de la Función Pública presentará el martes 27 de enero sus primeras orientaciones de reforma sobre las autorizaciones de permisos especiales remunerados para agentes públicos, relacionados con la parentalidad y eventos familiares. Esta medida responde a una orden del Consejo de Estado del 10 de diciembre de 2025, que exige un decreto en seis meses según la ley de transformación del servicio público de 2019. Los sindicatos ya denuncian una posible reducción de derechos en materia de cuidado infantil.
El Gobierno francés avanza en una reforma esperada desde hace más de seis años sobre las autorizaciones de permisos remunerados de los funcionarios públicos. Estas ausencias remuneradas, concedidas por motivos familiares o parentales, son objeto de un decreto que el Ministerio de la Función Pública debe finalizar. El 10 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado ordenó al Ejecutivo publicar este texto en seis meses, de acuerdo con la ley de transformación del servicio público de 2019. Esta ley preveía un decreto para definir una lista común de estas autorizaciones, con el objetivo de corregir las disparidades entre administraciones. Hasta ahora, la concesión de estos permisos ha dependido en gran medida del arbitrio de los servicios públicos, lo que ha generado prácticas heterogéneas. Para justificar el retraso, el Estado invocó la necesidad de un «diálogo en profundidad» con los sindicatos, así como las perturbaciones causadas por la crisis de la Covid-19 en las negociaciones. Estas explicaciones no convencieron al Consejo de Estado, ubicado en el Palais-Royal. La presentación de las orientaciones de trabajo, prevista para el 27 de enero, promete alimentar debates encendidos. Los sindicatos, según informa Le Monde, denuncian una reducción de derechos, en particular en lo relativo al cuidado infantil. Esta reforma busca uniformar las reglas a nivel nacional, pero arriesga generar tensiones con los representantes de los agentes públicos.