Tras el fracaso de la comisión mixta el 19 de diciembre y las consultas en curso, el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu presentó el lunes por la noche una ley especial de tres artículos al Consejo de Ministros, presidido por el presidente Emmanuel Macron. Programada para su votación en la Asamblea Nacional y el Senado el martes, prorroga temporalmente los términos del presupuesto de 2025 para evitar el cierre de servicios públicos, mientras Macron exige un presupuesto completo para 2026 antes de finales de enero con un objetivo de déficit del 5 %.
Actualización sobre la presentación de la ley especial
Presidido por el presidente Macron tras su regreso de Abu Dabi, el Consejo de Ministros extraordinario del lunes por la noche aprobó el proyecto de ley especial. Limitada a tres artículos, permite la recaudación de impuestos según los términos de 2025, la asignación de ingresos a las autoridades locales y el endeudamiento en los mercados para mantener los servicios esenciales. La ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, la describió en BFMTV como una garantía de 'servicio mínimo', advirtiendo contra su uso prolongado por sus impactos en los contribuyentes.
Perspectivas políticas y tensiones
Macron enfatizó la urgencia de un presupuesto integral en enero que cumpla el objetivo de déficit del 5 % para financiar prioridades. La portavoz del Gobierno, Maud Brégeon, calificó la medida como un 'paliativo' temporal que congela ciertos fondos y bloquea ayudas como MaPrimeRénov'. Las negociaciones continúan, con el primer ministro Lecornu priorizando las conversaciones pese a las críticas del líder del PS, Olivier Faure, a la intransigencia de la derecha y el interés del LR Philippe Juvin en un acuerdo a principios de enero. El artículo 49.3 se discute cada vez más, incluso en círculos del PS. El presidente del Tribunal de Cuentas, Pierre Moscovici, urge un déficit inferior al 5 % para la credibilidad en la UE.
Esto recuerda la ley de emergencia de 2024 tras la caída del Gobierno Barnier, que Bercy estima que costó 12.000 millones de euros a la economía, aumentando la incertidumbre empresarial.