El Gobierno español y los sindicatos UGT y CSIF han alcanzado un acuerdo para elevar los sueldos de 3,5 millones de empleados públicos en un 11% entre 2025 y 2028. Esta subida, que incluye un componente variable ligado a la inflación, busca recuperar poder adquisitivo perdido. CCOO aún no ha firmado, pero se espera su decisión pronto.
Tras intensas negociaciones iniciadas el 5 de noviembre de 2025, el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF cerraron este miércoles un pacto salarial plurianual. La subida acumulada del 11% se aplicará de forma escalonada: un 2,5% retroactivo para 2025 desde el 1 de enero, pagadero en las nóminas de diciembre; un 1,5% fijo más un 0,5% variable en 2026 si el IPC es igual o superior al 1,5%, abonándose retroactivamente en el primer trimestre de 2027; un 4,5% en 2027 (ajustable); y un 2% en 2028. Con el efecto arrastre en complementos, el incremento efectivo alcanza el 11,4%, recuperando un 2,9% de poder adquisitivo, según CSIF.
El acuerdo, que costará unos 22.000 millones de euros, desbloquea tensiones tras movilizaciones sindicales y amenazas de huelga. UGT lo ratificó el viernes pasado, mientras CSIF se sumó tras más de cuatro horas de reunión. CCOO, dividido internamente, pospone su firma hasta el jueves. La clave fue ceder en el 0,5% variable para superar el tope del 4% inicial para 2025-2026.
Además de salarios, el pacto incluye eliminar la tasa de reposición para ofertas de empleo, acortar procesos selectivos a un año, generalizar la jornada de 35 horas y regular el teletrabajo en la Administración General del Estado. Se revisarán complementos de residencia e insularidad en 2026, se reforzarán plantillas de atención al público y se mejorarán permisos, conciliación y medidas contra la violencia de género. En jubilación, se impulsarán parciales y extensión voluntaria hasta los 72 años, pendiente de ley.
"Es el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias políticas", afirmó CSIF, destacando mejoras laborales pese a bloqueos presupuestarios. Isabel Araque, de UGT, lo calificó de "gran acuerdo" que mejora la calidad del servicio público. La Comisión de Seguimiento se constituirá en 15 días para vigilar el cumplimiento.
