Los diputados franceses han aprobado una enmienda socialista al proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para 2026, que aumenta la contribución social generalizada (CSG) sobre ciertos ingresos patrimoniales e inversiones. Esta medida, que se espera que genere 2.660 millones de euros, busca financiar la suspensión de la reforma de las pensiones. Representa una victoria para los socialistas, respaldada por parte del bloque central.
El miércoles por la noche, durante el examen en sesión pública del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para 2026 (PLFSS) en la Asamblea Nacional, los diputados aprobaron una enmienda presentada por los socialistas. Esta enmienda prevé un aumento excepcional de la contribución social generalizada (CSG) sobre ciertos ingresos patrimoniales e inversiones, como los intereses de los ahorros y los alquileres. El rendimiento esperado es de 2.660 millones de euros para la Seguridad Social, según Le Figaro.
Esta medida afecta a varios millones de franceses, particularmente a los ahorradores y propietarios de viviendas, que verán gravados con más impuestos sus ingresos. Llega en medio de acalorados debates presupuestarios marcados por divisiones en la izquierda: una primera enmienda del PS sobre la CSG fue rechazada por falta de apoyo de La France insoumise (LFI) y los Ecologistas, pero la segunda obtuvo un amplio consenso, incluyendo a diputados de Renaissance y otros partidos del bloque central.
El gobierno concedió esta suspensión de la reforma de las pensiones de 2023 a cambio de la no censura inmediata de los socialistas. «Esta es una nueva victoria para los socialistas, que han logrado imponer su sello en el presupuesto de la Seguridad Social», señala Le Figaro. Voces de derechas, como Bruno Retailleau, denuncian un «atraco fiscal» y un «delirio fiscal», argumentando que desincentiva la inversión. Por el contrario, Mathilde Panot (LFI) celebra haber asegurado una enmienda «mejor» tras rechazar un compromiso inicial insuficiente.
Los debates continúan hasta el 12 de noviembre, con otras modificaciones aprobadas, como el rechazo de una contribución patronal sobre los vales de comida. Este aumento de la CSG pone de relieve las tensiones presupuestarias en medio del creciente déficit de la Seguridad Social.