Seis sindicatos médicos han unido fuerzas este jueves contra el Ministerio de Sanidad para exigir un estatuto propio, distinto del marco general en negociación. Amenazan con acciones indefinidas, incluyendo una posible huelga, si no hay avances. Paralelamente, otros sindicatos sanitarios han logrado compromisos en la mesa de diálogo.
El 8 de enero de 2026, seis organizaciones sindicales médicas anunciaron su unión para presionar al Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y O’MEGA de Galicia reclaman un estatuto específico que aborde peculiaridades como las guardias, horarios y jubilación.
Estos sindicatos se desmarcaron de la negociación del Estatuto Marco general en diciembre, tras el rechazo del ministerio a abrir una mesa paralela. Argumentan que el documento genérico no cubre sus necesidades, como hacer voluntarias las guardias —reducidas a 17 horas pero aún obligatorias— o activar jubilaciones anticipadas y una categoría laboral superior.
El ministerio sostiene que un estatuto propio fragmentaría derechos y retrasaría mejoras tras más de 20 años sin renovación. Los médicos, por falta de representatividad global, no participan en la mesa principal, donde SATSE-FSES, CC OO, UGT, CSIF y CIG-Saúde alcanzaron un preacuerdo el mes pasado. Este jueves, obtuvieron el compromiso de negociar retribuciones con Hacienda.
La unión sindical planea acciones coordinadas indefinidas para intensificar la presión. "El único objetivo es alcanzar un acuerdo que atienda las reivindicaciones sindicales y garantice los derechos laborales de los profesionales", declararon. Además, APEMYF, con 16 organizaciones, convocó huelga para los días 14 y 15 de enero. "Dos días más no solo dan continuidad a las movilizaciones, nos aseguran la efectividad de la huelga de diciembre", indicaron en un comunicado.
Esta alianza busca interlocución directa con administraciones nacionales y autonómicas, alertando a todos los implicados para resolver competencias delegadas.
