La Comisión Séptima del Senado de Colombia archivó el proyecto de reforma a la salud con ocho votos a favor y cinco en contra, en el último día de la legislatura ordinaria. Esta decisión representa el segundo hundimiento del iniciativa impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. Diversas reacciones destacan preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera del sistema.
El 16 de diciembre de 2025, la Comisión Séptima del Senado retomó el tercer debate de la reforma a la salud, pero la archivó por segunda vez consecutiva con una votación de ocho a favor del archivo y cinco en contra. El Gobierno había intentado revivir el proyecto, que busca redistribuir responsabilidades de las EPS y otorgar más poderes a la Adres, pero enfrentó obstáculos por dudas sobre su financiamiento.
La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, reaccionó señalando que 'el Gobierno no logró demostrar la sostenibilidad financiera del proyecto'. Agregó que, tras meses de debate, no se articuló una visión conjunta entre actores del sistema, y enfatizó la necesidad de soluciones inmediatas como la fijación de la UPC para 2026. La senadora Norma Hurtado criticó que el proyecto estaba desfinanciado, lo que generaría 'pérdida de vidas, ausencia de tratamientos y medicamentos'.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció en X que se esperó hasta el último día para discutirla, acusando de jugar 'con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata'. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, intervino explicando los recursos: $112 billones anuales, incluyendo $44 billones de la Nación, $37,5 billones de cotizaciones y $2,3 billones de impuestos saludables. Sin embargo, Anif advirtió riesgos en las cotizaciones por informalidad laboral superior al 50% y en los impuestos por reducción de consumo.
El Ministerio de Salud lamentó el hundimiento, afirmando que bloquea cambios necesarios y mantiene un sistema fallido que precariza trabajadores y afecta regiones apartadas. Una apelación presentada por el senador Fabián Díaz, firmada por cinco congresistas incluyendo Wilson Arias y Martha Peralta, busca revivir el trámite en otra comisión o en sesiones extraordinarias el próximo año.
En paralelo, surgió polémica por el ajuste de la UPC para 2026. Gremios como Andi y Acemi piden aumentos del 15,6% al 17,3%, pero el Ministerio de Salud, basado en datos de EPS, cuestiona estas demandas, atribuyendo la crisis a mal manejo: pagos a fallecidos por $2,3 billones y sobrecostos en medicamentos. Acusa a las EPS de despilfarro histórico y de no pagar aportes patronales desde 2014, cubriendo el Estado $32 billones extras.
