El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció la declaratoria de emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria, con el fin de financiar $16 billones del Presupuesto General de la Nación para 2026. El borrador del decreto incluye impuestos al patrimonio, licores, cigarrillos y un gravamen especial a hidrocarburos y carbón. Gremios como Andi, ACM y ACP cuestionan su constitucionalidad y efectividad.
El 19 de diciembre de 2025, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó la intención del Gobierno de Gustavo Petro de declarar un estado de emergencia económica debido al desfinanciamiento de $16,3 billones en el Presupuesto de 2026, tras el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso. "La meta de recaudo de la emergencia económica es de $16 billones. Esperamos la recuperación de los recursos que el Congreso desfinanció del presupuesto nacional", declaró Ávila.
El borrador del decreto, compuesto por tres capítulos, detalla medidas tributarias para recaudar los fondos necesarios. El primer capítulo establece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas a partir del 1 de enero de 2026, aplicable a patrimonios líquidos iguales o superiores a 40.000 UVT (aproximadamente $1.991 millones). El segundo capítulo revive impuestos indirectos similares a los propuestos en la reforma fallida, incluyendo un gravamen a licores de $750 por grado alcoholimétrico en envases de 750 ml más 30% ad valorem, y a cigarrillos de $11.200 por cajetilla de 20 unidades más 10% ad valorem. También se incluye un impuesto al 4x1.000 elevado a 5x1.000 por transacciones financieras, y gravámenes a juegos de suerte y azar en línea.
El tercer capítulo introduce un impuesto temporal del 1% sobre la extracción de hidrocarburos y carbón, afectando exportaciones de empresas con renta líquida superior a 50.000 UVT.
La reacción de los gremios fue inmediata y crítica. Bruce Mac Master, presidente de Andi, solicitó a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto, argumentando que no existe un hecho sobreviniente ni una perturbación grave del orden económico, ya que los $16 billones representan solo el 2,9% del presupuesto de $546 billones. "No existe una explicación clara para considerar que un faltante equivalente a 2,9% pueda tener repercusiones de una magnitud tal", señaló.
Juan Camilo Nariño, de la ACM, calificó la medida como "inadmisible" y un precedente gravísimo para el Estado de Derecho. Frank Pearl, de la ACP, afirmó que "no existe hoy ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria" y que viola la Constitución. Luis Fernando Mejía, de Fedesarrollo, coincidió en que el monto no amenaza el orden económico, representando menos del 3% del presupuesto.
Esta sería la cuarta emergencia económica en el gobierno de Petro y la décima en tres décadas, en un contexto de creciente deuda pública, deudas en salud y necesidades de seguridad.
