El gobierno de Gustavo Petro expidió un decreto de emergencia que obliga a las empresas generadoras de energía eléctrica a contribuir con el 2,5% de sus utilidades antes de impuestos y el 12% de su energía vendida a compañías intervenidas. La medida busca recaudar fondos para el presupuesto general de 2026, pero ha generado críticas del sector por distorsionar el mercado y desincentivar inversiones. El presidente defendió la iniciativa señalando que las rentas de las generadoras provienen de especulaciones que afectan a los consumidores.
El Ministerio de Hacienda expidió un decreto en el marco de la emergencia económica para recaudar $12 billones de los $16,3 billones necesarios tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. Esta norma afecta a las empresas generadoras de energía eléctrica hidráulica en el Mercado de Energía Mayorista con despacho centralizado.
La contribución parafiscal del 2,5% se aplica sobre la utilidad antes de impuestos de la vigencia 2025 y se pagará en dos cuotas: el 2 de febrero de 2026 (1,25%, basado en estados financieros de 2024) y el 15 de mayo de 2026 (1,25%, basado en 2025). Además, las generadoras deben entregar el 12% de la energía efectivamente vendida en la bolsa, distribuida proporcionalmente a empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con liquidación mensual.
El presidente Gustavo Petro defendió la medida en su cuenta de X: "Aquí dicen que es confiscatorio una tasa de 2,5% de las utilidades de una generadora eléctrica, cuando las utilidades son verdaderas rentas de especulación extraídas de los bolsillos de todas las familias colombianas". Agregó: "las generadoras confiscan los ingresos de la gente cuando, siendo hídricas, de costo muy barato cobran tarifas como si fueran de gas importado, 10 veces más caros".
Sin embargo, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) criticaron el decreto. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, afirmó: "La contraprestación en energía impuesta a los generadores hidráulicos introduce distorsiones al mercado, improvisación regulatoria y cruces de cuentas que no ofrecen soluciones reales a los problemas de prestación del servicio en la región Caribe". Acolgen señaló que la medida dificulta inversiones y financiación, con un déficit de energía firme estimado en 3,5% para 2027 por XM, requiriendo hasta $13 billones anuales para el suministro.
Hemberth Suárez, socio director de OGE Energy, describió la entrega de energía como "una expropiación encubierta". El gobierno planea prorrogar la emergencia económica para buscar más recursos.
