El Ministerio de Minas y Energía de Colombia emitió el decreto 1428 de 2025 para excluir vehículos particulares, diplomáticos y oficiales del subsidio al diésel del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Esta medida busca corregir distorsiones en el uso del subsidio y proteger las finanzas públicas, aplicándose gradualmente en diez departamentos. El transporte público de carga y pasajeros queda excluido para evitar impactos en precios de alimentos y transporte.
El Ministerio de Minas y Energía anunció el decreto 1428 de 2025, que desvincula a vehículos particulares, diplomáticos y oficiales del subsidio al diésel proporcionado por el FEPC. Según la cartera, esta decisión corrige distorsiones históricas en el subsidio, que durante años benefició consumos sin función social esencial, generando altos costos fiscales para el Estado.
"Durante años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) terminó subsidiando el consumo de diésel de vehículos que no cumplen una función social esencial, lo que generó un alto costo fiscal para el Estado", explicó el ministerio.
La implementación será gradual en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Córdoba, Magdalena, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, para evaluar su viabilidad antes de una posible extensión nacional. El ingreso al productor de diésel para estos vehículos se ajustará a niveles cercanos a la paridad internacional, sin exceder el precio de importación.
El ministro Edwin Palma enfatizó la protección al transporte público:
"El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias".
Expertos como Óscar Ferney Rincón, director de Acipet, destacan desafíos logísticos y tecnológicos, sugiriendo opciones como reconocimiento de placas o carriles dedicados en estaciones de servicio. David Jiménez, presidente de Comce, urge una reglamentación clara y aplicación nacional para evitar confusiones y desequilibrios en precios regionales.
Julio César Vera, de Xua Energy, estima que unos 400.000 vehículos se verán afectados, generando ahorros mensuales de hasta 40.000 millones de pesos. Mientras se reglamenta en seis meses, los precios seguirán la normativa general vigente.
