El presidente Gustavo Petro ha declarado que terminará con las concesiones viales como medida de recorte de gastos para enfrentar la desfinanciación de su gobierno. Esta decisión implica no renovar las concesiones operadas por privados y administrarlas directamente por el Estado, lo que podría reducir los costos de peajes. Además, se confirmó un ajuste en las tarifas de peajes a partir de enero de 2026 basado en la inflación.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció recientemente que eliminará las concesiones viales como su principal medida de recorte presupuestal, en medio de desafíos financieros para su administración. Según Petro, el Estado ya ha invertido 5,2 billones de pesos en concesiones viales que totalizan 6,4 billones en obligaciones causadas. "O los más ricos pagan la plata por impuestos o dejan de recibir los gastos del Estado", enfatizó el mandatario, aclarando que este será el único recorte y no afectará áreas como educación, salud o el salario mínimo.
Previamente, Petro había indicado que las concesiones que se reviertan o venzan serán gestionadas directamente por el Gobierno Nacional, una medida destinada a bajar las tarifas de peajes en todo el país. Esta política implica no renovar las concesiones operadas por privados, permitiendo una administración estatal más eficiente.
Por otro lado, el Gobierno ratificó un ajuste en las tarifas de peajes que entrará en vigor el 16 de enero de 2026. Este incremento, aplicable a todas las concesiones viales, se basa en la actualización anual por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró un 5,30% anual hasta noviembre de 2025, según el Dane. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el cambio responde al ajuste por costo de vida y busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema vial, cubriendo mantenimiento, operación e infraestructura.
Esta combinación de medidas refleja los esfuerzos del gobierno por equilibrar el presupuesto sin impactar servicios esenciales, aunque podría generar debates sobre la gestión privada versus estatal en el sector de transporte.
