La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien sugirió compensar el déficit fiscal con recortes a inversiones en concesiones viales contratadas y la devolución de recursos en fiducias. La entidad gremial aclaró que esos fondos no son excedentes disponibles, sino recursos con destino específico para obras en ejecución, y que la cifra real disponible es de $6,5 billones, no $18 billones como afirmó el mandatario.
La CCI emitió una carta en respuesta a las afirmaciones de Petro durante el Consejo de Ministros, donde el presidente indicó que el déficit fiscal se podría compensar mediante reducciones en las concesiones viales ya contratadas y la recuperación de recursos administrados en fiducias. Según la entidad, estos recursos no representan dineros disponibles ni excedentes fiscales, sino fondos con destinación específica vinculados a contratos vigentes para garantizar la ejecución de obras estratégicas.
"Su naturaleza jurídica y funcional es clara: está directamente vinculada al cumplimiento de obligaciones contractuales previamente adquiridas por el Estado", explicó la CCI en el documento. Además, desmintieron la cifra de $18 billones mencionada por Petro, precisando que los dineros disponibles para pagos graduales de obras en construcción ascienden a $6,5 billones, administrados por fiducias para asegurar su ejecución.
Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la CCI, aclaró: "Realmente los dineros que hoy están disponibles para el pago de las obras que se entregan gradualmente, a medida que se construyen los proyectos, es de $6,5 billones, los cuales están debidamente administrados por las fiducias, justamente, para garantizar la cabal ejecución de las obras".
La carta de la CCI advierte que la exhortación a devolver estos recursos introduce la infraestructura como variable de ajuste fiscal, lo cual es paradójico dada la insistencia del gobierno en saldar deudas estatales, pero cuestiona los desembolsos futuros, que son compromisos soberanos. Esto genera sensibilidad en la estabilidad jurídica y financiera del sector. Como antecedente, citan la terminación anticipada del contrato de concesión del corredor de carga entre Barranquilla y Cartagena, que revirtió el proyecto al Estado y afecta la conectividad, logística y competitividad regional, estableciendo un mal precedente para los contratos de infraestructura.
