El gobierno de Colombia planea declarar una emergencia económica para recaudar 16 billones de pesos y cubrir el déficit del presupuesto de 2026 tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso. Gremios como Fenalco, Andi y el Consejo Gremial enviaron cartas a la Corte Constitucional solicitando su revisión y posible suspensión, argumentando que no se cumplen los requisitos constitucionales. La medida generaría nuevos impuestos al patrimonio empresarial, licores, tabaco e hidrocarburos, lo que ha suscitado preocupaciones por la estabilidad económica y jurídica.
El 20 de diciembre de 2025, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el gobierno declarará un estado de emergencia económica para enfrentar un faltante de 16 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación de 2026, equivalente al 2,9% del total de 546 billones. Esta decisión surge del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, un evento que Ávila calificó de 'poca responsabilidad' y sin precedentes en 30 años, ya que el Legislativo aprobó el presupuesto asumiendo su financiamiento.
Un borrador del decreto filtrado propone varios gravámenes temporales: un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con valores superiores a 40.000 UVT (alrededor de 52.374 millones de pesos), aumento del gravamen a movimientos financieros a 5x1.000, IVA del 19% a juegos de azar en línea, impuestos a licores, vinos, cigarrillos y tabaco (11.200 pesos por cajetilla de 20 unidades), y un 1% temporal a la extracción de hidrocarburos y carbón para exportaciones de grandes productores.
En respuesta, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, envió una carta al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, alertando que la declaratoria afectaría la estabilidad económica, confianza legítima y seguridad jurídica. 'Sustentar la emergencia en la caída de la tributaria ignoraría el ejercicio legítimo de las competencias del Congreso', escribió Cabal, quien sugirió una suspensión provisional por no justificarse en hechos imprevisibles como precios del petróleo o tasas de interés.
La Andi, liderada por Bruce Mac Master, también pidió medidas urgentes, calificando la medida como 'profundamente inconstitucional' y la décima emergencia en tres años, cuarta bajo el gobierno de Gustavo Petro. 'No existe una explicación clara para considerar que un faltante de esta magnitud justifique un estado de excepción', argumentó Mac Master. El Consejo Gremial Nacional y Aliadas coincidieron, recordando alertas previas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre problemas estructurales previsibles.
Un informe del Banco de la República de 2010 advierte que impuestos al patrimonio empresarial generan distorsiones en Pymes, reduciendo crédito bancario, inversión, productividad y empleo. 'Opera como una confiscación del capital empresarial', concluye el estudio. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, añadió: 'Los 16 billones representan menos del 3% del presupuesto; imposible argumentar una perturbación grave'. La Corte deberá revisar durante la vacancia judicial para evitar efectos irreversibles.
