El columnista Wilson Ruiz Orejuela critica el uso de la emergencia económica por parte del gobierno colombiano, argumentando que no responde a una crisis inesperada sino a fallas en la gestión política y fiscal. Según él, esta medida erosiona las instituciones y genera inseguridad jurídica. El texto, publicado el 23 de diciembre de 2025, advierte sobre los riesgos de concentrar poder en el Ejecutivo.
En su columna titulada 'Cuando gobernar fracasa, aparece el decreto', publicada en occidente.co el 23 de diciembre de 2025, Wilson Ruiz Orejuela analiza la declaración de emergencia económica en Colombia como un recurso desesperado del gobierno. Según el autor, esta no surge de un 'colapso externo ni una situación imprevisible', sino de un 'desorden fiscal', una 'caída de la confianza' y la 'incapacidad evidente para construir mayorías en el Congreso'.
Ruiz Orejuela sostiene que el Ejecutivo recurre al decreto porque ha perdido 'el rumbo, el respaldo político y la capacidad de gobernar democráticamente'. Él describe la figura como 'jurídicamente frágil', con el gobierno consciente de que la Corte Constitucional podría invalidarla, pero usándola para 'forzar decisiones económicas'. Esto, afirma, envía un mensaje político y genera impacto económico inmediato.
El columnista destaca una contradicción clave: el gobierno reconoce problemas fiscales 'estructurales', pero los presenta como 'urgencia inesperada'. 'Ambas afirmaciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo', escribe, enfatizando que lo estructural requiere reformas serias, no medidas excepcionales. En su opinión, esta aproximación es 'improvisación' que rompe el equilibrio de poderes, convierte al Congreso en un 'actor decorativo' y erosiona el Estado de Derecho.
Además, Ruiz Orejuela advierte que genera 'inseguridad jurídica, espanta la inversión' y refuerza la percepción de que las reglas cambian por conveniencia gubernamental. La medida no incluye 'ajuste del gasto, no hay reducción del Estado, no hay autocrítica', sino 'más impuestos y más poder concentrado'. Concluye que gobernar debe implicar 'anticiparse, dialogar y respetar los límites del poder', y que confundir autoridad con imposición agrava los problemas fiscales en lugar de resolverlos.