El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la implementación de la Emergencia Económica y Social en Colombia, argumentando que sin ella el Estado no podría cumplir obligaciones fundamentales. Aseguró que las medidas no impactarán la canasta familiar ni a los sectores vulnerables. Los recursos se destinarán a salud, seguridad y subsidios prioritarios.
Durante el Consejo de Ministros televisado el lunes, presidido por el presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó la necesidad de la Emergencia Económica y Social. Sin esta medida, el gobierno enfrentaría una crisis para cubrir derechos básicos con déficits presupuestales graves.
Ávila detalló que en salud, una decisión de la Corte Constitucional exige igualar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) entre regímenes subsidiado y contributivo, lo que demanda 3,3 billones de pesos adicionales. En seguridad, se requieren un billón de pesos para las elecciones de 2026 y 2,7 billones para el orden público, sumando 3,7 billones en total.
Otros fondos irán a la emergencia climática prorrogada, la reconstrucción de Paratebueno tras un sismo reciente y la atención a damnificados por inundaciones, con cerca de 0,5 billones de pesos. Además, se cubren subsidios de energía eléctrica y gas en la región Caribe por 5,1 billones, el pago de sentencias judiciales por 1,6 billones y la reparación a víctimas del conflicto armado por un monto similar.
El ministro enfatizó que el esfuerzo fiscal se centra en impuestos a grandes fortunas, altos ingresos, el sistema financiero y 'impuestos saludables', equilibrando la sostenibilidad fiscal con la protección social. 'Las medidas adoptadas no afectarán la canasta familiar ni a los sectores más vulnerables', aseguró Ávila.