El presidente Gustavo Petro declaró una emergencia económica para abordar la crisis fiscal, lo que provocó una acción de tutela del partido Centro Democrático de Álvaro Uribe, quien criticó la medida como inconstitucional. Petro respondió acusando a Uribe de proteger a los más ricos del país. La Corte Constitucional aplazó su revisión hasta el 13 de enero debido a la vacancia judicial.
El 25 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro expidió un decreto de emergencia económica por 30 días, motivado por una fase de deuda insostenible, bajo recaudo tributario y obligaciones en seguridad social y nacional. El objetivo es recaudar ingresos para financiar el presupuesto, incluyendo posibles nuevos impuestos, tras el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso.
El partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, interpuso una acción de tutela junto con la senadora Paloma Valencia para suspender inmediatamente los efectos del decreto. Argumentan que es 'abiertamente inconstitucional y constituye un abuso del poder para imponer nuevos impuestos de manera arbitraria'. Solicitan que un juez constitucional intervenga mientras la Corte Constitucional realiza el control, en defensa del Estado de Derecho y los derechos de los colombianos.
Uribe cuestionó la decisión de la Corte Constitucional de no revisar el decreto de inmediato durante la vacancia judicial, que se extiende hasta el 13 de enero. 'A la protección de los derechos ciudadanos no le puede aplicar la vacancia', escribió en X, insistiendo en que la tutela debe procederse para proteger a los ciudadanos de abusos gubernamentales.
Petro replicó en redes sociales, preguntando: '¿Proteger a los ciudadanos, o al 0,6% de ellos, que son los más ricos de Colombia?'. Acusó a Uribe y al expresidente Iván Duque de implementar reformas tributarias que exoneraron a los poderosos, aumentaron la desigualdad social y contribuyeron al estallido social. Mencionó que el gobierno de Duque entregó $70 billones en subsidios a los 'megarricos', disparando el déficit primario. 'No diga más mentiras, señor expresidente Álvaro Uribe. No engañe más al pueblo', concluyó Petro, argumentando que el decreto busca corregir inequidades sin que los ricos paguen un centavo en 2026.
Esta confrontación resalta tensiones políticas en Colombia, con el gobierno defendiendo medidas para la equidad fiscal y la oposición alertando sobre abusos institucionales. La tutela podría influir en la implementación del decreto si se resuelve antes de enero.
