El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto de emergencia económica fue firmado por todos los ministros y radicado oficialmente. La medida busca cubrir un déficit de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026 tras el hundimiento de la reforma tributaria. Se enfoca en gravar a los sectores de mayores ingresos para garantizar el pago de la deuda pública.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el decreto declarando el estado de emergencia económica ha sido suscrito por todos los miembros del gabinete y presentado formalmente. Firmado el jueves 18 de diciembre y radicado al día siguiente, el decreto responde al déficit fiscal generado por el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso. Según Benedetti, esta es una medida excepcional para asegurar recursos destinados a obligaciones prioritarias del Estado, como el pago de la deuda pública.
"El decreto se firmó por parte de los ministros y fue radicado posteriormente. La intención es clara: que el peso de la medida recaiga sobre quienes tienen mayores capacidades económicas", afirmó Benedetti en una rueda de prensa. Insistió en que los nuevos impuestos no afectarán a la clase media, sino a los "megarricos", incluyendo mayores cargas a licores, juegos de azar y entidades financieras grandes.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, detalló que el faltante asciende a 16,3 billones de pesos para el Presupuesto General de la Nación de 2026. El gobierno planea recaudar cerca de 16 billones mediante impuestos temporales, como un gravamen al patrimonio para personas jurídicas con patrimonios superiores a 40.000 UVT, extensión del impuesto a movimientos financieros hasta 5x1.000, IVA del 19% a juegos de suerte y azar en línea, incrementos en impuestos a cigarrillos y tabaco, y un 1% temporal a la extracción y exportación de hidrocarburos y carbón.
Benedetti advirtió que sin esta declaratoria, el riesgo país aumentaría, afectando la confianza internacional y proyectos de infraestructura como los 4G. "No pagar la deuda primero limita la capacidad del Estado para avanzar en obras estratégicas, porque la Constitución es clara en que las obligaciones financieras tienen prioridad", señaló.
Sin embargo, el sector empresarial ha reaccionado con críticas. El Consejo Gremial Nacional y la Andi, liderada por Bruce Mac Master, cuestionan la constitucionalidad de la medida, argumentando que el déficit era previsible y no cumple con los requisitos de hecho sobreviniente, gravedad e inminencia exigidos por la Carta Magna. Solicitaron a la Corte Constitucional una revisión inmediata y posible suspensión provisional para evitar perjuicios irreparables.
