El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1390 de 2025 declarando una emergencia económica y social en Colombia por 30 días, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. La medida busca recaudar recursos para cubrir un déficit de $16,3 billones y garantizar servicios esenciales como la salud. El anuncio genera debate jurídico y político, con revisiones pendientes de la Corte Constitucional y el Congreso.
El 24 de diciembre de 2025, el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional mediante el Decreto 1390 de 2025. Esta decisión responde al rechazo en el Congreso de la ley de financiamiento, esencial para el Presupuesto General de la Nación, dejando un hueco de $16,3 billones en ingresos previstos.
El decreto, de 20 páginas, justifica la emergencia por una 'amenaza grave e inminente' al orden económico y social. Factores acumulados incluyen pagos pendientes de la Unidad de Pago por Capitulación (UPC) en salud, el impacto de la ola invernal, sentencias judiciales por $1,5 billones, deudas contractuales de $5,1 billones, compromisos con víctimas del conflicto por $1,6 billones, restricciones al endeudamiento y el fracaso de dos reformas tributarias que buscaban recaudar $12 billones y $16,3 billones. Además, se mencionan alteraciones al orden público y riesgos para líderes sociales.
Durante los 30 días de vigencia, el Ejecutivo podrá emitir decretos con fuerza de ley. Medidas propuestas incluyen ajustes al impuesto al patrimonio progresivo para grandes capitales, mayores gravámenes al sector financiero, modificaciones al IVA y impuestos al consumo, e impuestos 'saludables' sobre alcohol y cigarrillos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, desmintió rumores de elevar el 4x1000 al 5x1000, pero confirmó evaluaciones para un impuesto al patrimonio escalonado. Se estima un recaudo adicional de hasta $4 billones, destinados a inversión social y cierre del déficit.
En su alocución del 23 de diciembre, Petro defendió el uso de la emergencia para financiar el presupuesto de salud de 2026, el mayor en la historia del país con $258,4 billones invertidos en su mandato, superando en $24,98 billones al gobierno anterior. Destacó la reducción de la mortalidad infantil de 6.330 a 4.005 casos, atribuida a la control de las EPS: 'Nosotros al reducir las EPS y controlarlas en la mitad logramos que cada vez menos niños en el vientres de la madre un mes después mueren'. Anunció una central única de compras de medicamentos para combatir especulación.
La Corte Constitucional revisará el decreto a partir del 13 de enero de 2026, tras la vacancia judicial, evaluando si el hundimiento de la ley justifica la excepción constitucional. El Congreso, en receso, enfrenta llamados a sesiones urgentes; el senador Carlos Fernando Motoa solicitó control político y demandas de inconstitucionalidad. El presidente del Senado, Lidio García, argumentó: 'Nuestra decisión no es una calamidad pública'. En contraste, el presidente de la Cámara, Julián López, respaldó la medida para proteger a los vulnerables. Opositores como Sergio Fajardo la tildaron de 'improvisación y caos', y Claudia López de 'abuso de poder'.
Esta emergencia prueba los equilibrios institucionales en Colombia, con tensiones entre poderes públicos.
