El gobierno de Javier Milei culmina 2025 con la aprobación del Presupuesto 2026, un logro político que disciplina al sistema legislativo, y la sanción de la ley de inocencia fiscal para incorporar dólares no declarados al sistema financiero. Estas medidas consolidan la austeridad fiscal, pero generan críticas por su impacto en sectores vulnerables como discapacidad y empleo público. Analistas destacan la estabilización macroeconómica, aunque advierten pendientes sociales para 2026.
El 2025 termina para el gobierno de Javier Milei con la aprobación del Presupuesto 2026, demandado por acreedores internacionales como el FMI y el Tesoro de EE.UU., que asegura 'seguridad jurídica y política'. Este logro se basa en el resultado electoral del 26 de octubre de 2025 y negociaciones que convirtieron a La Libertad Avanza en la primera minoría en Diputados desde el 10 de diciembre de 2025, con apoyo en el Senado de gobernadores. La ley autoriza endeudamiento en divisas bajo legislación extranjera para cancelar vencimientos, en un contexto de reservas en torno a US$15.000 millones.
Complementaria es la ley de inocencia fiscal, presentada por el diputado José Luis Espert, que actualiza límites para evasión simple a 100 millones de pesos (US$68.000) y agravada a 1.000 millones (US$680.000), permitiendo depositar 'dólares del colchón' sin explicar origen, incluso de actividades ilegales. El ministro de Economía ofrece el Banco Nación para recibirlos, evidenciando intervención estatal en un gobierno libertario.
La Fundación Pensar, think tank del PRO, celebra la estabilización macroeconómica, con inflación bajando de 211% en 2023 a 26%, y un rol estatal de menos intervención y mayor apertura. Sin embargo, advierte que 'el orden macroeconómico por sí solo no alcanza', urgiendo coordinación con provincias, retomar obra pública y priorizar salud y educación. Para 2026, prevé crecimiento, pero destaca límites sociales en jubilados y discapacidad, donde el deterioro del poder adquisitivo persiste.
En discapacidad, el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), anunciado por Manuel Adorni el 30 de diciembre, traspasa funciones al Ministerio de Salud para mayor control y eficiencia, tras escándalos de corrupción revelados en audios de su jefe, Diego Spagnuolo. El gobierno congeló asistencias y vetó la ley de emergencia, ignorando al Congreso. Además, recortó más de 60.000 puestos en el Estado desde su asunción, impactando gasto en salud y educación.
El oficialismo evalúa sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero de 2026 para avanzar en reforma laboral y ley de glaciares, postergadas por falta de consensos. La sociedad muestra esperanza, pero con malestar transversal por el ajuste, según analistas.
